La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron su “profunda preocupación” ante el decreto presidencial que autoriza una intervención federal en materia de orden público en el estado de Rio de Janeiro, Brasil.
Los organismos observaron que el decreto N° 9288, firmado el 16 de febrero y aprobado por el Congreso Nacional, confiere una amplia autoridad a las fuerzas armadas para restablecer el orden y sitúa a las fuerzas policiales bajo el mando de un general del ejército.
“Nos preocupa que este decreto no especifica de manera suficiente su alcance y ejecución, ni las condiciones que justifican una medida excepcional de esta naturaleza”, señalaron el ACNUDH y la CIDH.
Agregan que “sin esas salvaguardas, su ejecución puede resultar en graves violaciones de derechos humanos, en particular a la vida y la integridad personal”.
Las entidades recordaron que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, dado que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar militarmente a un enemigo, no a la protección y control de civiles.
Asimismo afirmaron que el uso de la fuerza por agentes del Estado debe seguir siempre los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Así expresaron su preocupación ante declaraciones de autoridades con responsabilidad en implementar la intervención federal, refiriéndose a una supuesta necesidad de conducir una “guerra” contra las drogas y el crimen organizado en Rio de Janeiro.
A continuación instaron “al Estado brasileño a desarrollar, de manera amplia y participativa, una política en materia de drogas basada en derechos humanos, con un enfoque integral y de reinserción social, que privilegie una perspectiva de salud pública y evite centrarse en acciones represivas y de criminalización”.
La CIDH y el ACNUDH alertaron también que la intervención federal puede tener un impacto desproporcionado sobre los derechos humanos de personas afrodescendientes, adolescentes y quienes residen en las zonas más pobres. Las entidades toman nota de la creación, por decreto del Ministerio de Justicia, de un Observatorio de Derechos Humanos de la Intervención Federal en la Seguridad Pública del Estado de Rio de Janeiro (ObservaRIO), y llamaron a que este mecanismo cuente con la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.
Finalmente, la CIDH y el ACNUDH recordaron que, el 13 de octubre de 2017, rechazaron la modificación del código penal militar para que los homicidios dolosos de civiles cometidos por agentes de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales militares. Los organismos subrayaron que el Estado debe garantizar que los procesos criminales en los cuales los responsables son funcionarios militares sean examinados por la jurisdicción ordinaria y no por el fuero penal militar, para evitar impunidad ante violaciones de derechos humanos.
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