La Sala de la Cámara de Diputados, con la estrecha votación de 57 votos a favor, 52 en contra y 4 abstenciones, aprueba informe de Comisión Investigadora de Isapre MasVida, creada el 15 de marzo de 2017, cuyo propósito fue indagar en las acciones de fiscalización de diversos organismos del Estado en relación a la situación que afecta a la Isapre.
La instancia estudió las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia de Salud y el Servicio de Impuestos Internos, así como el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas arrojadas en los últimos ejercicios financieros desde el año 2012 y el enriquecimiento sin causa de los directores de isapre y de las empresas pertenecientes al holding de Empresas Masvida S.A.
El informe describe, entre otras cosas, que la Superintendencia de Salud, durante el periodo de crisis financiera que va entre el 2016 hasta febrero del 2017, específicamente el 20 de febrero con el incumplimiento de la garantía, tenía dos posibilidades: tomar las medidas necesarias para concretar una compra de cartera de afiliados en las mejores condiciones posibles, manteniendo los planes de salud existentes, o por otro lado, acelerar el proceso de incumplimiento de indicadores legales, lo que habría gatillado la cancelación del registro, debiendo iniciar una transferencia de afiliados a alguna o varias Isapres mediante un proceso de licitación pública, dejando a sus afiliados sin la posibilidad de mantener sus planes.
Además, de acuerdo a  los miembros de la Comisión, se dio cuenta de una excesiva intervención en materias del orden privado por parte de la máxima autoridad en materia de gestión de las aseguradoras de salud que, aunque con la mejor de las disposiciones, escapa a lo políticamente prudente de un órgano del Estado que debe velar principalmente por hacer cumplir la ley, fiscalizar y sancionar, y no realizar acciones tendientes a evitar que las isapres fracasen en sus modelos de negocios.
Añaden que, puesto en conocimiento del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo las múltiples infracciones cometidas por empresa Masvida hacia sus trabajadores, ambos organismos realizaron de forma expedita acciones dentro del marco de su competencia con la finalidad de entregar soluciones y, en caso último, cursar multas.

Recomendaciones

En materia de propuestas, la Comisión sostuvo que, no siendo suficiente las actuales facultades y mecanismos que la ley otorga a la Superintendencia de Salud para el control y fiscalización de las Isapres, es imperioso ampliar la obligación de las fiscalizadas de informar hechos relevantes e imponer sanciones más duras al respecto, elevando las multas ya existentes y, posiblemente, debiendo evaluar la posibilidad de contemplar la configuración de delitos especiales, como fraude al fisco o el ocultamiento de información relevante para figuras societarias con penas aplicables a las personas jurídicas, para lo cual es necesario modificar la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Asimismo, se recomienda establecer por ley la obligación de las isapres de solicitar autorización para llevar a cabo determinadas operaciones de mayor riesgo, como los créditos a empresas relacionadas. Así como la necesidad de reforzar la labor fiscalizadora directa que lleva a cabo la Superintendencia, que se ha visto limitada principalmente por el bajo presupuesto asignado. 
Por otro lado, el informe dice que las auditorías externas requieren ser reformuladas en cuanto a su financiamiento y entrega de informes finales. Por ello se recomienda modificar el financiamiento mediante un fondo común de auditorías compuesto por un aporte trimestral obligatorio de todas las isapres vigentes, administrado por la Superintendencia; transparentar el proceso de licitación de auditores externos y su designación; rendición de información en de forma simultánea a la isapre analizada y a la SIS; contratación directa de auditores por parte de la SIS; y todas las empresas auditoras deben estar bajo la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
En la misma línea, el documento recomienda aumentar los niveles de las garantías; incluir dentro de las garantías las obligaciones para con los trabajadores de la isapre; prohibir por ley el pago a prestadores relacionados con garantías; exigir mayor capital de constitución de isapre y permanencia de patrimonio, aumentando la necesidad y calidad de liquidez. 
En lo que se refiere al régimen especial de Supervigilancia y Control, los parlamentarios consideran necesario adaptar el actual modelo a uno más compatible con el sistema de mercado de afiliados, flexibilizando la licitación pública. 
Por último, los congresistas concordaron en la necesidad de discutir sobre la especulación financiera que afectó y jugó con las cotizaciones de cientos de miles de personas.  Recomiendan que “se debe proteger la confianza de usuarios y prestadores, estableciendo cláusulas, plazos, exigencias y sanciones para que los eventuales procesos o acuerdos comerciales no expongan a los cotizantes de la manera en que este proceso lo hizo”. 

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