En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se da a conocer el artículo “Participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales en Nueva Zelandia”.
El documento señala que pese a que Nueva Zelandia es un país unitario y centralizado, se trata de un Estado con altos grados de autonomía y respeto por las decisiones del Gobierno local. Esta relación se explica luego de que el año 2002, como fruto de una serie de foros y discusiones legislativas sobre la relación entre el Gobierno central y las regiones, se promulgó la Ley de Gobiernos Locales, cuyo propósito es la democratización de la toma de decisiones y el empoderamiento de las comunidades para promover el desarrollo social, económico, ambiental y cultural.
De esta manera, continúa, la ley parte de la base que el Gobierno central es importante en la implementación de políticas y la distribución de los recursos que generan bienestar en la sociedad, sin embargo, las autoridades locales recopilan datos que resultan fundamentales para la planificación. Conocida como la nueva gobernanza local, tiene como eje central la perspectiva comunitaria y geográfica para el logro del bienestar social.
Es por ello, asegura la BCN, que ante proyectos de alto impacto ambiental, como por ejemplo en explotación petrolera, la consideración de los gobiernos locales ha sido fundamental. En este ámbito, el Gobierno central puede proveer de recursos y lineamientos para la planificación, no obstante son los propios estamentos regionales quienes dirigen las consultas y determinan la decisión según la identidad local, pero también para impedir actividades dañinas y promover el desarrollo económico local.

Christchurch como ejemplo de participación en las decisiones ambientales

La BCN expone lo que sucede en la ciudad de Christchurch, donde participan las comunidades en la toma de decisiones ambientales. Ubicada en la región de Canterbury, fue azotada por un gran terremoto el año 2011. La reactivación económica de este lugar fue planteada como una necesidad por parte del Gobierno central, sin embargo fue el Consejo de la Ciudad de Christchurch (CCC) el órgano encargado de llevar adelante la tarea de entregar los insumos generados por la comunidad para su propio desarrollo.
Luego se explica que pese a que en dicho plan se consideraban aspectos económicos, financieros, comerciales, sociales, entre otros, no fue sino en su arista ambiental que concitó mayor interés de la ciudadanía. En un estudio realizado por Anneke Theelen sobre este caso, señala que la participación de la ciudadanía se produce porque está consagrada en la Ley de Protección del Medioambiente, donde se establece que para proteger a las comunidades de desastres ambientales es necesario que se promueva su participación en el diseño y aplicación de las políticas. De esta manera, los encargados de elaborarlas no solo promueven la participación, sino también consideran las decisiones de los gobiernos locales y la sociedad civil.
Para ello, agrega la BCN, la participación pública se realiza a través de una consulta llevada a cabo por el consejo del gobierno local para sancionar en función de los intereses ciudadanos. La consulta, más que un referendo, es una instancia de participación donde se le pregunta a los ciudadanos “Díganos qué es lo que piensa”. De esta manera, las opiniones recogidas no solo se consideran para la discusión en el Consejo, sino también en la decisión final del ministerio.
Según Theelen, el caso de Christchurch demuestra que la participación de las comunidades en la evaluación de proyectos ambientales cumple con el derecho a la información, pues parte de la base de que existe acceso público a información relevante que les concierne directamente. Asimismo que se cumple con el derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones, pero que dicha participación necesariamente afecta la decisión final.
De igual manera, dicho estudio demostró que las decisiones adoptadas en el caso de Christchurch produjeron un efecto de mayor duración en el tiempo, pues al venir de la sensibilidad ciudadana, su potencial como fuente de derecho e información nutre a otras políticas ambientales y reduce las posibilidades de conflictos. Esta cualidad a su vez redunda en la legitimidad de la decisión, pues una mayor cantidad de actores públicos están dispuestos a aceptarla como un instrumento razonable.

Participación en decisiones ambientales en la realidad chilena

La BCN sostiene que en nuestra legislación, la posibilidad de avanzar en la participación de las comunidades en la evaluación de impacto ambiental fue propuesta por la diputada  Girardi, quien en abril de 2018 presentó un proyecto para modificar la ley 19.300, donde además de incorporar la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, propuso la inclusión del criterio de cambio climático en su contenido.
Para la parlamentaria, “si nosotros consideramos en el ambiente solamente el agua, el suelo o el aire, y no a las personas, es difícil hablar de ambiente porque es una relación ecosistémica donde uno de los elementos es el ser humano. Si bien hay estudios de impacto cuando hay comunidades que se van a desplazar o trasladarlas, recién ahí hay una preocupación por el ser humano, pero este es un elemento más y además tiene conciencia. Son actores que debieran hablar sobre sí mismos y no que los estudios hablen por ellos y eso no está incorporado en nuestra legislación, para nada”, plantea.
En relación a la durabilidad y legitimidad que las decisiones de las comunidades le otorgan a los proyectos ambientales, la diputada consideró que son aspectos necesarios, ya que todas nuestras leyes relacionadas con el sistema de evaluación ambiental se enfocan en que los proyectos se realicen. Asegura que “la comunidad es percibida como un obstáculo para los proyectos, entonces se ha tratado de dejarlas de lado y lo más alejadas posible. Es momento de que nuestra legislación se haga cargo de quienes vivimos en los territorios y sobre todo a la hora de hablar de cambio climático, porque hoy conformamos una sola identidad planetaria, es decir, que lo que se haga se deje de hacer en un rincón del planeta necesariamente va a incidir en el resto. En esto hay poca conciencia”.
Si bien, añade que de alguna manera el país no tiene ninguna posibilidad de incorporar el cambio climático y hacernos cargo de él en nuestros procesos normativos, este proyecto modifica varios de los artículos de la 19.300, sobre todo aquellos que tienen que ver con evaluación de impacto ambiental, pero también introduce elementos como que cualquier proyecto que requiera agua -da lo mismo la cantidad- tiene que someterse a impactos de evaluación ambiental que consideren el cambio climático.
Por último afirma que “lo que tratamos es lograr una modificación integral, no solo al tema evaluativo sino de cómo nuestra norma mira el fenómeno como parte de lo que tenemos que enfrentar y cómo nos vamos a hacer cargo para cumplir con los acuerdos suscritos".

Vea texto íntegro del documento

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