La moción de los senadores García, Latorre, Ossandón y Provoste, expone que en nuestro país conviven dos mercados de libros escolares, el estatal y el privado, siendo este último el más cuestionado en relación al alto precio que deben pagar los apoderados cada año.

Observa luego que los establecimientos educacionales se encuentran facultados para elegir sus libros, siempre y cuando estos contengan los contenidos curriculares básicos impuestos por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, los autores de la iniciativa advierten que las instituciones privadas, así como las particular-subvencionadas que no emplean los textos escolares del Mineduc, suele exigir a las familias el comprar libros "del año", pese a que en numerosas ocasiones los contenidos cambien de forma mínima.

Adicionalmente, sostienen que este tipo de mercado presenta importantes incoherencias ya que los contenidos no cambian de forma significativa pero los libros suelen renovarse cada año debido a la falta de injerencia que tienen los apoderados en la selección o reutilización de libros en los establecimientos escolares, ya que son las autoridades escolares las que toman las decisiones relativas a la elección de los textos escolares, faltando en numerosas ocasiones a criterios mínimos de transparencia o participación para con el resto de la comunidad escolar.

En el contexto anterior, la propuesta legal señala que las editoriales compiten en criterios como el precio final del texto impreso o en la calidad del contenido educativo, pero especialmente por la captación de estos establecimientos a través de la proposición de diversos "incentivos" dirigidos a las autoridades escolares.

Por tal motivo, y con el objeto de contar con una regulación de los textos escolares, otorgándole más facultades a los padres y apoderados en el proceso de renovación de los libros, respetando los contenidos establecidos en el proyecto educativo de los establecimientos, la moción propone modificar la Ley General de Educación, contenida en el D.F.L. N°2, del Ministerio de Educación, imponiendo una nueva obligación a los sostenedores de establecimientos educacionales particulares y aquellos establecimientos educacionales particular subvencionados que no utilicen los libros escolares distribuidos por el Mineduc, en el sentido de que sólo podrán proceder al cambio de textos escolares después de haber consultado y obtenido la aprobación de los Centros de Padres y Apoderados del establecimiento.

Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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