El Tribunal pleno de la Corte Suprema analizó el contenido del proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.968, que creó los juzgados de familia, con el propósito de prohibir que se derive a niños y niñas de entre cero y tres años a residencias, como medida de protección, informe que fue remitido a la Cámara de Diputados el lunes 20 de agosto.
El informe sostiene que la modificación propuesta por el proyecto de ley en estudio es sin duda positiva desde un enfoque de derechos, toda vez que intenta evitar la internación residencial de niños y las niñas de hasta 3 años, respetando y realizando su derecho a vivir en familia”; sin embargo, el pleno de ministro agrega que el estudio de la iniciativa legal permite "identifican ciertos aspectos que merecen especial atención".
Se señala que el primero dice relación con el carácter absoluto de la prohibición que intenta incluir la norma, ya que no considera casos excepcionales en los cuales el juez pueda decretar la medida de internación, respetando siempre los criterios básicos que rigen las medidas de separación de un niño o niña de su familia, a saber, la excepcionalidad y la transitoriedad de la institucionalización. En determinados casos la adopción de esta medida puede ser necesaria para respetar, proteger o realizar los derechos de niñas y niños, por ejemplo, cuando se quiera evitar la separación de hermanos o cuando el acogimiento tenga carácter de urgencia. En atención a estas consideraciones, se sugiere incluir, en la iniciativa legal, cláusulas que permitan a los jueces decretar la medida de internación de niños y niñas entre 0 y 3 años en aquellos casos en que sea lo adecuado de acuerdo al interés superior del niño y niña y siempre con carácter transitorio y de última ratio.
A continuación, el oficio agrega que el segundo punto que merece atención refiere a aspectos prácticos de la propuesta, en particular, la insuficiente e insatisfactoria oferta programática para cumplir la demanda de programas que permitan garantizar y restituir el derecho a vivir en familia de niños y niñas menores a 3 años.
Luego añade que en relación con lo anterior, es pertinente recordar que el Consejo Nacional de la Infancia, precisamente, implementó un programa piloto para la desinternación de niños y niñas de 0 a 3 años que viven en residencias en las regiones de Valparaíso y Biobío. A partir de las evaluaciones de dicho programa se identificaron una serie de nudos críticos que ejemplifican lo complejo del proceso de desintitucionalización, a saber: tensión entre la sensibilidad de la etapa del desarrollo de los niños y niñas y los tiempos necesarios para la intervención familiar; falta de comunicación efectiva entre las residencias y el Poder Judicial; problemas de salud mental en los padres y dificultad para acceder a diagnósticos y tratamientos; y desarticulación de la oferta de protección.
Por consiguiente, se concluye que la restitución del derecho a vivir en familia de niños y niñas debe venir acompañada de recursos humanos y financieros suficientes y adicionales para llevar adelante procesos complejos y multidimensionales que son necesarios para reunir a los niños y niñas con sus familias. Al pretender la iniciativa llevar a cabo las modificaciones que propone desconsiderando tales aristas, se abre el riesgo para los niños y niñas de sufrir nuevamente graves vulneraciones a sus derechos al volver a su familia. Lo propio sucedería respecto de la implementación general del programa de familias de acogida especializada, que procedería en defecto de la propuesta anterior. Estos recursos, así como los programas que se implementarían y los responsables de ello, no aparecen considerados en el proyecto de ley en estudio.
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