CS confirma fallo que ordenó a superintendencia y Compin pagar licencias médicas.

En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió recurso de protección presentado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), por no cancelar 25 licencias médicas y les ordenó pagar a la recurrente los subsidios correspondientes por incapacidad laboral.

La sentencia de la Corte de Santiago sostiene que en el artículo 22 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional (Decreto N°3, de 1984) se establece ‘La Unidad de Licencias Médicas podrá elevar a consideración de la Compin los antecedentes de cualquier trabajador que se encuentre acogido al régimen de licencia médica y cuya afección se estime de naturaleza irrecuperable. Lo anterior se entiende sin perjuicio del dictamen obligatorio de dicha Compin, en los casos establecidos por la ley y este Reglamento. Las Isapre en la situación de afecciones que estimen irrecuperables, podrán solicitar la declaración de invalidez del cotizante afecto al Sistema Previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a las Comisiones Médicas regionales, creadas por el artículo 11, del mismo texto legal; en el caso de los cotizantes que no estén afectos al sistema previsional establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, la Isapre solicitará dicha declaración de invalidez a la Compin correspondiente'.

La resolución ratificada agrega que como lo ha fallado la Excma. Corte Suprema, es posible sostener de acuerdo a lo anterior, que las recurridas (en este caso) con miras a cumplir con el mandato legal consistente en resolver las reconsideraciones y apelaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, pueden disponer que los propios cotizantes o las instituciones de salud, como las instituciones que se hallan bajo la supervigilancia de la Superintendencia -la Compin- la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, ejecuten aquellas acciones contempladas por la ley a fin de dar respuesta al legítimo requerimiento de los usuarios del sistema de salud público o privado (Considerando Quinto del ingreso N°2198-2018, Corte Suprema)".