La Cámara de Diputados analizó la política indígena del Gobierno, especialmente lo relativo a tierras, territorio y deber de consulta, en la cual participaron el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y el titular de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), Jorge Retamal.
A nombre de los 57 solicitantes, la diputada Nuyado, resaltó la necesidad de analizar la política pública hacia los indígenas de Chile, en particular a la luz de pasados anuncios del Gobierno que no se han concretado efectivamente a la fecha y que pasarían por la implementación de diversas medidas en favor de los nueve pueblos reconocidos en el país.
Luego, sostuvo que dichos planes y programas deben ser debidamente consultados con los afectados y planteó que entre los temas a impulsar deben considerarse reformas en materia de tierras; salud y educación, donde estimó pertinente el desarrollo de modelos propios; participación política, por ejemplo, a través de consagran escaños reservados en el Congreso Nacional; y conectividad, que permita superar el aislamiento de comunidades en diversas regiones del país.
Asimismo, otro llamado de atención al Ejecutivo apuntó directamente al poco avance que ha tenido el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, ya despachado por la Cámara de Diputados, pero aún pendiente de resolución por parte del Senado.
A continuación, el ministro Alfredo Moreno valoró la convocatoria y la motivación parlamentaria y remarcó la voluntad del Gobierno en avanzar en las materias de interés para los pueblos indígenas, recordando en este contexto el Plan Araucanía y otras propuestas apoyadas por el Ejecutivo, como el cambio de nombre de Isla de Pascua por el de Rapa Nui, en reconocimiento de su nominación originaria.
Además, reconoció el foco de pobreza en las comunidades indígenas y coincidió en la necesidad de tomar medidas urgentes en la materia. Asimismo, sostuvo que el Gobierno implementa la consulta indígena cada vez que afecta directamente a una comunidad o pueblo y detalló que se han realizado a la fecha 83 procesos de consulta, 59 ya finalizados y 24 aún en vía de realización.
Por último, negó que haya una paralización en materia de compras de tierras y explicó que durante este tiempo se ha realizado un proceso de revisión de las tasaciones de los 37 predios en carpeta, negociando luego con sus propietarios un nuevo valor. Acotó que se logró acuerdo en 22 casos (comprende 17 mil 800 hectáreas), ahorrando al fisco ocho mil millones de pesos.

Resoluciones aprobadas

Al término de la discusión se aprobaron tres resoluciones. La primera de ellas (315), ratificada por 65 votos afirmativos, dos en contra y 43 abstenciones, solicita al Ejecutivo el fiel cumplimiento de las obligaciones de Chile en materia de consulta indígena. 
Se plantea en particular que no se aceptarán proyectos que modifiquen las leyes de implicancia indígena, sin el correspondiente proceso de consulta en el marco del Convenio OIT 169. Asimismo, se indica que todo nuevo plan o programa referido a pueblos indígenas que no respete dicho convenio podrá ser denunciado ante los organismos internacionales competentes.
La resolución 316, aprobada por 66 votos a favor, seis en contra y 39 abstenciones, llama al jefe de Estado a ratificar la vigencia del Convenio 169, a través del reconocimiento del derecho a identidad indígena; el establecimiento de un procedimiento efectivo de consulta; fortaleciendo la relación tierra-territorio y de los recursos naturales existentes en sus tierras; participación administrativa; y la adopción de políticas públicas que tengan por objeto fortalecer sus derechos económicos, sociales y culturales.
A su vez, se requiere la calificación de urgencia a los proyectos de identidad indígena y que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas; patrocinar propuestas que buscan el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios; y reformar la condición pluricultural de nuestro país, entre otros puntos.
Por último, la resolución 317, que concitó 106 votos a favor y cuatro abstenciones, pide al Presidente de la República que por medio del Ministerio de Desarrollo Social, una vez concretados los plazos respectivos, se informe a la Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos:

-El trabajo realizado en la región de La Araucanía y las principales medidas que llevará a cabo el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz por La Araucanía.
-Los resultados del catastro de tierras que está llevando a cabo la Contraloría General de la República.
-El promedio pagado por hectárea durante los últimos diez años en compra de tierras indígenas y calidad de las mismas.
-De las solicitudes de procedencia de consulta indígena y su respuesta desde el 11 de marzo de 2018 a la fecha. 

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