Diario Constitucional

Borde costero de la municipalidad de el Quisco.

CGR determina que el Ministerio de Defensa Nacional se ajustó a la normativa vigente y actuó dentro de sus facultades al denegar solicitud de concesión marítima.

El objetivo de esa política es proteger a los balnearios y solaneras de la proliferación y perpetuamiento de concesiones que restan amplias superficies de playa.

Por Redacción·06 de septiembre de 2018·4 min de lectura
CGR determina que el Ministerio de Defensa Nacional se ajustó a la normativa vigente y actuó dentro de sus facultades al denegar solicitud de concesión marítima.
Referencial

Se reclamó ante la Contraloría General de la República en contra del Ministerio de Defensa Nacional por no dar cumplimiento a los fines de uso racional, armónico y equilibrado del borde costero y contraviniendo al parecer del reclamante, la Política Nacional de Uso del Borde Costero al permitirle a la Municipalidad de El Quisco iniciar la construcción de tres módulos de material sólido en el sector de playa sin tener concesión marítima, como asimismo renovar por decreto N° 336, de 2016, una concesión marítima para kiosco en playa a otra interesada, aludiendo a otras 11 concesiones; motivos por los cuales, estima que ha sido perjudicado en forma arbitraria y discriminatoria, pues se han utilizado esos mismos argumentos para denegarle su solicitud de concesión marítima.

Por su parte, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, informó haciendo un recuento de la situación que afecta al interesado y manifestando su desacuerdo con lo reclamado, por las razones que explica.

Al respecto, el ente contralor recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, y en el decreto N° 2, de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional, que regulan las concesiones marítimas, la labor de control, fiscalización y supervigilancia de las playas y terrenos fiscales es ejercida por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, teniendo como órgano ejecutor de tales acciones a la autoridad marítima, esto es, a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y, en específico, a los Capitanes de Puerto en sus respectivas zonas de competencia.

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