Sobre la responsabilidad del Estado y del funcionario ante la violencia familiar y de género.

Recientemente, el abogado argentino, Cristian D. Illesca, publicó un artículo que busca determinar la responsabilidad del Estado y del funcionario ante casos de violencia familiar y de género.

Al respecto, el autor señala que cuando falla el Estado y sus instituciones en brindar prestaciones efectivas, se cae en un sistema claramente ilegal e inconstitucional de incumplimiento, que podría acarrearle responsabilidad internacional, por violación a los Tratados de Derechos Humanos. Sobre este aspecto, considera importante señalar que, en los casos de violencia principalmente, si el daño se produjo debido a una omisión del Estado o de sus agentes, no es dicha omisión la que genera el daño, sino que la misma se transforma en una condición idónea para que el daño de produzca.

De esta forma, en primer término, expresa que es claro que la persona jurídica del Estado es distinta de la persona física, agente o funcionario público, que realiza o debe realizar materialmente las obligaciones legales que les están impuestas, por las diversas normas de protección contra la violencia. Sin embargo, en aplicación de la teoría del órgano, ante un supuesto de responsabilidad por daños ocasionados por los agentes públicos en ejercicio de funciones por no cumplir, sino de una manera irregular las obligaciones que le son impuestas, ante un caso de violencia familiar o de género, generan responsabilidad del Estado; y la misma es directa y objetiva. Sin perjuicio de lo anterior, el traslado de la imputación de la conducta del agente o funcionario hacia el Estado lo es, en este aspecto, solamente desde la perspectiva indemnizatoria; ello, ya que desde la óptica del posible reproche penal que cabría hacerle a la persona física, por haber encuadrado su actividad o inactividad en algún delito, no sería posible canalizar su responsabilidad al Estado, por lo que el sumario penal debe ser afrontado en forma personal.