El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que el sistema notarial y registral que ha regido en nuestro país por más de ciento cincuenta años, ha constituido un pilar fundamental de seguridad en el trágico jurídico y en el registro de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, contribuyendo a reducir los asuntos litigiosos conocidos por los tribunales de justicia y generando medios con alto valor probatorio, todo lo cual permite reducir los costos de transacción posteriores a los actos jurídicos celebrados.

Sin embargo, la actividad económica y el comercio del siglo XXI requieren de mayor dinamismo, flexibilidad y eficiencia en la celebración de actos jurídicos que, manteniendo niveles de certeza jurídica, permitan la ágil transferencia de bienes y servicios. Desde esta perspectiva, se hace necesario modernizar el sistema notarial y registral chileno, incorporando la utilización de nuevas tecnologías que permitan realizar trámites y consultar información de manera remota, llevar los registros digitalmente y remitir instrumentos e información a otros sistemas o plataformas.

Así, el objeto del mensaje es modernizar el sistema notarial y registral chileno estableciendo mayores estándares de transparencia, aumentando la competencia, disminuyendo los niveles de discrecionalidad en los procesos de nombramiento e impulsando la incorporación de tecnología que permita a los usuarios un mayor y fácil acceso a los trámites y servicios, agilizarlos, y disminuir sus costos. Asimismo, busca “desnotarizar” la vida de las personas, es decir, recudir los trámites que deben ser efectuados ante o por un notario.

Por lo anterior, el proyecto de ley busca, en primer término, reducir las barreras de entrada y la discrecionalidad en los nombramientos, esto por cuanto las restricciones y limitaciones que la legislación establece para ser notario, conservador o archivero constituye uno de los aspectos críticos del sistema. En consecuencia, el proyecto propone un nuevo sistema de nombramiento sustentado en la selección por mérito y transparencia y en la publicidad del proceso, revisión de resoluciones intermedias, disminuyendo la discrecionalidad existente. Asimismo, busca facilitar la renovación de los notarios e impulsar la igualdad de oportunidades entre quienes postulan a los cargos. En concreto, el mensaje propone, por ejemplo, la creación de un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se busca perfeccionar el sistema de fiscalización, por lo que propone erradicar el modelo de fiscalización presencial por parte de jueces o ministros de Corte y establecer esta función en la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, por sí o a través de las Fiscalías Judiciales de las Cortes de Apelaciones, generando así una instancia jerárquica, sistemática y coherente con los principios que inspiran la orgánica judicial, particularmente la que entrega a la Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y económica. Así, también propone incorporar obligaciones de transparencia a todos quienes intervienen en el sistema notarial y registral, en cualquiera de sus etapas, exigiendo, por ejemplo, a notarios, conservadores, archiveros, titulares y suplentes, efectuar declaración de patrimonio e intereses.

Luego, propone la creación de un nuevo ministro de fe llamado fedatario, el que estará facultado a realizar funciones relativas a la certificación de hechos, siendo la más frecuente la autorización de firmas en instrumentos que no requieren ser incorporados a un registro público.

Finalmente, la iniciativa pretende modernizar el sistema notarial, registral y archivístico, planteando al efecto establecer exigencias tecnológicas que permitan la implementación de un sistema informático de trámites notariales y registrales de acceso centralizado, que facilite la publicidad de información disponible, la elaboración y trámite de documentos, conocer el estado de trámites pendientes, iniciar trámites de manera electrónico y la interoperabilidad con otros operadores del sistema. Asimismo, sugiere la creación de un sistema de folio real, que consiste en un soporte electrónico mediante el cual se deberá consignar todo el historial jurídico de los inmuebles. Por su parte, concluye señalando la necesidad de “desnotarización” del sistema, esto porque la seguridad jurídica ha generado un aumento significativo de los trámites que deben realizarse ante o por un notario, bajo circunstancias que muchos de ellos pueden ser resueltos de manera diferentes, incluso manteniendo su valor probatorio. En este caso, propone modificar la ley N° 19.880, sobre procedimiento administrativo, para eximirse de la exigencia de presentar autorizaciones notariales de firmas de documentos firmados por las mismas personas, y facultar al Presidente de la República dictar DFL para efectuar las modificaciones legales necesarias para eximir de la intervención a un notario, entre otros.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por las Comisiones del Senado de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y de Hacienda.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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