CGR desestima solicitud de reconsideración de dictamen que establece que las Fuerzas Armadas no se encuentran bajo protección de Estatuto Administrativo al denunciar hechos de carácter irregular.

Se solicitó a la Contraloría General de la República la reconsideración del dictamen N° 78.299 de 2016, que, en síntesis, concluyó que el personal de las Fuerzas Armadas no se encuentra amparado por la protección contemplada en el artículo 90ª de la ley 18.834 para los funcionarios públicos que efectúen denuncias de hechos de carácter irregular.

En primer lugar, el peticionario señaló que lo anterior infringiría los tratados internacionales contra la corrupción. Añade, que en caso de persistir la improcedencia de emplear dicha normativa, se le indiquen las medidas que serían aplicables en tal cao, tratándose de servidores pertenecientes a dichas instituciones castrenses. Concluye, solicitando que se deje sin efecto la sanción administrativa de dos días de arresto que de le impuso el año 2015 por reclamar de una situación irregular durante el proceso calificatorio de retiro, situación que se encuentra fallada en sede de protección, al mismo tiempo que la sentencia omitió referirse a si podría haber recurrido de apelación ante el Presidente de la República, toda vez que la reclamación se habría originado en una vulneración de sus derechos.

Al respecto, el órgano contralor señala que al aludido dictamen expresó que en armonía con la doctrina que se desprende los dictámenes N° 2.466 y 58.422, ambos de 2008, la serie de derechos que el referido precepto legal consagra han sido establecidos en favor de los servidores cuya función es regulada por ese cuerpo estatutario, entre los que no se encuentran los empleados de la mencionada institución castrense, de modo que tales garantías no resultan aplicables a ellos. Ello porque, el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 18.948, Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, según el cual, derivado de las particulares exigencias de la función militar y la carrera profesional, los organismos y el personal que la desarrollan, se ajustarán a las normas disciplinarias y administrativas que se establecen en ese texto legal, y en la legislación respectiva.