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Primera sala.

Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna norma que establece presunción de legalidad de los actos administrativos que incidiría en una querella infraccional.

La requirente estima que el precepto impugnado infringe el debido proceso.

12 de noviembre de 2018

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 3° inciso final de la Ley N° 19.880.

El precepto impugnado dispone: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

La gestión pendiente incide en autos sobre querella infraccional, seguidos ante el Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso por recurso de apelación, en los que la inmobiliaria requirente fue demandada por ejecutar obras sin contar con el permiso de edificación vigente debido a que este último fue dejado sin efecto por la Municipalidad de Valparaíso.

La requirente estima que el precepto impugnado infringe el debido proceso, ya que la gestión pendiente implica la posibilidad cierta de una sentencia, y con ella una sanción, sin fundamentos lógicos, al basarse en dos actos administrativos cuestionados en su legalidad; además, se hace inútil, por vía de la aplicación de una sanción en un proceso paralelo, el ejercicio del derecho de revisión.

La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

 

 

Vea textos íntegros del requerimiento y el expediente Rol N° 5600-18.

 

 

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