Iniciativa pretende prohibir venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada.

La moción de los diputados Álvarez, Brito, Castro, Celis, Ilabaca, Meza, Núñez, Ossandón, Pérez y Urrutia expone que la obsolescencia programada o planificada es un concepto de reciente data cuya relevancia se ha incrementado en la última década frente a la expansiva utilización de productos electrónicos, cobrando especial atención en el ámbito del consumo, la protección del medio ambiente y la libre competencia.

Los autores señalan la dificultad de ofrecer un concepto unívoco de obsolescencia programada. Sin embargo, aducen que existen tres elementos comunes en su conceptualización, como mínimo. Éstos son: resulta una práctica planificada que reduce la vida útil del producto, generada por una decisión unilateral y estratégica del o los fabricantes; el producto se vuelve inútil u obsoleto de manera rápida, reduciendo su funcionalidad o durabilidad; y la decisión de los consumidores de adquirir, sustituir y desechar un producto se vuelve forzada.

A continuación, el proyecto indica que la obsolescencia programada provoca una serie de efectos negativos, ya que no solo disminuye la duración de los productos, sino que produce, entre otros: el aumento de los residuos y los recursos que utiliza para su manufactura, muchos de los cuales no pueden ser reparados, reutilizados o procesados, aun cuando sus componentes pueden ser potencialmente tóxicos para las personas y el medio ambiente; provoca un aumento artificioso en el consumo, generando patrones acelerados de los consumidores; y principalmente, genera una alta desconfianza en los consumidores.