Ley N° 19.300.
CGR determina que Sernapesca puede solicitar estudios adicionales sobre el uso de productos en lavado in situ de artes de cultivo.
Por ser una sustancia que pudiera afectar el fondo marino o la columna de agua, el Sernapeca actuó dentro de sus facultades al aplicar el principio precautorio.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República sobre la legalidad de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) exija, respecto del lavado in situ de artes de cultivo impregnadas con el revestimiento antiadherente, documentos que contengan estudios sobre los efectos de esa actividad en el mar en los organismos y su medio ambiente y la identificación de posibles impactos no previstos, ya que ello excedería lo establecido en el Decreto N° 320, de 2001, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Al respecto, el ente contralor señala que el artículo 9 N°4 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al regular la limpieza y el lavado in situ de las artes de cultivo -elementos o sistemas utilizados para la realización de acuicultura-, prescribe, en lo pertinente, que ello será posible solo respecto de elementos o sistemas utilizados para la realización de acuicultura que no estén impregnados con anti-incrustantes que contengan como productos activos elementos tóxicos no degradables o bioacumulables, lo que deberá acreditarse ante el Servicio, previo a su instalación en el respectivo centro. Al mismo tiempo, en el artículo 1°C de la ley N° 18.892 dispone que, en el marco de la política pesquera nacional y para la consecución de ese objetivo, se deberá tener en consideración al momento de adoptar las medidas de conservación y administración, así como al interpretar y aplicar la ley, y en la protección de sus ecosistemas, “el principio precautorio”, esto es, que se deberá ser más cauteloso en la administración y conservación de los recursos cuando la información científica sea incierta, no confiable o incompleta, y que no se deberá utilizar la falta de información científica suficiente, no confiable o incompleta como motivo para posponer o no adoptar medidas de conservación y administración.
Por su parte, el órgano contralor manifiesta que Sernapesca se encuentra facultado para fiscalizar y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de acuicultura, entre las cuales se encuentra la reglamentación sobre protección del medio ambiente acuático antes citada. De esta forma, los concesionarios acuícolas deben dar cabal cumplimiento a la normativa y a lo que determinen los organismos públicos competentes en materia ambiental, manteniendo la limpieza y el equilibrio ecológico de la zona concedida, y aplicar las medidas de protección del medio ambiente para que los establecimientos de acuicultura operen en niveles compatibles con las capacidades de los cuerpos de agua que aseguren la vida acuática y la prevención del surgimiento de condiciones anaeróbicas en las áreas de impacto de la acuicultura.
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