En fallo dividido, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección presentado en contra del Contralor General de la República por la destitución de la subcontralora Dorothy Pérez, por falta de confianza.
En su sentencia, aduce en síntesis que, en atención a lo razonado, careciendo de sustento legal que la respalde, a causa de no ser el Subcontralor un cargo de libre remoción por razones de confianza, el proceder de la máxima autoridad de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución N° 21 de 22 de agosto de 2018, es contraria a las normas legales referidas y actualmente vigentes, en especial, el artículo 4° de la Ley N° 10.336, por lo cual el recurso corresponde sea acogido, amparando los derechos fundamentales de la persona por quien se recurre.
De ese modo, concluye el máximo Tribunal manifestando que en las condiciones descritas, el acto impugnado es ilegal y vulnera la garantía constitucional establecida en el N° 2 de nuestra Carta Fundamental, la igualdad ante la ley, que predica que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, derecho fundamental que fue desconocido a la recurrente, toda vez que para separarla de su cargo se dio aplicación a la misma disposición que se emplea para prescindir de los empleados del órgano contralor, en circunstancias que el tratamiento diverso que el ordenamiento jurídico reconoce sobre la remoción del personal superior de la institución, imponía la obligación de acudir a una disposición diferente para resolver un caso también desigual.
La decisión fue adoptada con los votos en contra de los Ministros Muñoz y Sandoval.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago.
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