Moción busca exigir al empleador medidas en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufran violencia laboral externa.

La moción de los diputados Barrera, Jiménez, Saavedra, Sepúlveda y Soto expone que en el año 2002, la OIT junto con la OMS, al elaborar las Directrices Marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la salud, concluyó que la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales. Asimismo, la OIT ha identificado dos modalidades de violencia laboral: (1) la violencia interna, aquella que tiene lugar entre los trabajadores, incluidos directores y supervisores y; (2) la violencia externa, aquella que tiene lugar entre trabajadores y toda persona presente en el lugar de trabajo. En este sentido, aun cuando la violencia laboral externa constituye una problemática universal y transversal, adquiere una dimensión especialmente preocupante en el sector servicios y resulta paradigmática respecto de los trabajadores del transporte público.

Luego, los autores señalan que la expansión urbana desmedida ha sido el antecedente no laboral para que los trabajadores del transporte colectivo, además de soportar un aumento de la intensidad de trabajo, hayan tenido que asumir, como riesgo cierto, la violencia de parte de los usuarios, con consecuencias evidentes en su salud. Las cifras de este problema, difícil de dimensionar, hablan de que, por ejemplo, el 81% de los conductores del Transantiago declaran haber sido víctimas de agresiones verbales y amenazas por parte de pasajeros y el 57% han sido víctimas de agresiones físicas durante su jornada de trabajo. En el Metro de Santiago, se han multiplicado, en los medios de comunicación y redes sociales, las noticias que dan cuenta de agresiones a sus trabajadores y que han movilizado a los sindicatos en pos de un compromiso efectivo por parte de la empresa con la seguridad y salud de todos los trabajadores de Metro.

Finalmente, la iniciativa concluye que nuestro ordenamiento jurídico laboral aplicable a los trabajadores del sector privado, como es el Metro, no contiene normas para enfrentar esta realidad, a diferencia de lo que ocurre en el Estatuto Administrativo, que incorpora disposiciones que prevén supuestos de violencia externa ejercida en contra de los funcionarios públicos en el art. 90 de la ley Nº18.834. Por lo que, avanzar en una normativa que se haga cargo de la violencia externa en el lugar del trabajo, constituye sólo uno de los aspectos de la solución integral que propugna la OMS, siendo necesario abordar, además, los distintos factores que confluyen en su manifestación.