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Modifica N°19.496.

Buscan sancionar a inmobiliarias que incumplan plazo de entrega de inmuebles.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

11 de diciembre de 2018

La moción de los diputados Bobadilla, Coloma, Fuenzalida, Hernández, Lavín, Morales, Moreira, Norambuena, Troncoso y Urrutia, manifiesta que pretende fortalecer los derechos de los consumidores y avanzar en la protección de éstos.

Los autores comienzan constatando que los proyectos inmobiliarios en nuestro país han aumentado en los últimos años. Lo anterior ha conllevado a que cada día más personas decidan adquirir una propiedad en la modalidad de verde o en blanco, ya que éstas permiten acceder a mejores precios. La diferencia entre una y otra viene dada por el avance del proyecto, así cuando este no ha principiado la construcción se encuentra en blanco, pero si ya ha iniciado la obra gruesa, se encuentra en verde.

Agregan que en ambos casos las inmobiliarias o empresas constructoras informan a sus compradores una fecha estimada de entrega de la vivienda y suelen señalar que la misma puede verse postergada por diversos motivos. Y lo anterior es frecuente, existiendo un sinnúmero de razones asociadas a dichas demoras. Ya sea desde razones administrativas o bien a una mayor duración de la prevista en la ejecución de la obra.

Exponen a continuación que el mayor problema asociado al incumplimiento de la inmobiliaria, es que en todos estos casos son los compradores quienes deben soportar los costos de dicha demora. Así las cosas, la demora en la entrega obliga a los compradores a soportar los costos asociados, bien sea porque deben optar por un arriendo temporal por los meses de retardo que experimenta la obra o bien porque se ven obligados a arrendar bodegas para el depósito de los bienes muebles que guarnecen el hogar.

De ese modo, la iniciativa busca anticiparse al escenario del incumplimiento y resguardar los derechos e intereses de los consumidores, estableciendo la obligación legal de estipular fecha de entrega en los contratos, con el objeto de otorgar certeza jurídica y determinar con exactitud el momento del incumplimiento, como también los perjuicios que deben ser cubiertos por la inmobiliaria o constructora, a fin de que dicha norma sea una suerte de avaluación anticipada de perjuicios.

Concretamente, el proyecto de ley pretende entonces agregar a la Ley de protección de los derechos de los consumidores un nuevo párrafo 6°, que contiene normas relativas a las promesa de compraventa celebradas con empresas inmobiliarias o constructoras. La regulación que se propone, además de establecer una obligación para estas empresas en cuanto a costear los gastos en que incurra el promitente comprador por el retardo de la entrega de la propiedad, establece la tramitación de las acciones que emanan de dichas disposiciones, conforme las reglas del juicio sumario contenidas en el Código de Procedimiento Civil para reducir los tiempos procesales, que muchas veces desincentivan a las personas a accionar.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

 

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

 

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