CS acoge unificación de jurisprudencia por plazo de prescripción extintiva de acción para obtener el pago de asignación de perfeccionamiento para el sector municipal.

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la Municipalidad de CholChol, en contra de la sentencia de la Corte de Temuco, que rechazó los recursos de nulidad deducidos por las partes, solicitando, en definitiva, se dicte una sentencia de reemplazo unificando la jurisprudencia en relación con la norma de prescripción aplicable a los derechos laborales docentes.

En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que para efectos del afán unificador, es indispensable, dilucidar en forma previa la calidad jurídica que reviste el emolumento demandado. Para ello se debe considerar que el artículo 42 del Estatuto Docente, en forma previa a la ley N° 20.903, enumeraba las asignaciones que han de percibir los profesionales de la educación del sector municipal, entre las que se encuentra la asignación de perfeccionamiento. Por su parte, el artículo 44 del citado cuerpo normativo, precisaba que dicha asignación “…tendrá por objeto incentivar la superación técnico-profesional del educador y consistirá en un porcentaje de hasta un 40% de la remuneración básica mínima nacional del personal que cumpla con el requisito de haber aprobado programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de post-título o de post-grado académico, en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, Instituciones de educación superior que gocen de plena autonomía dedicadas a estos fines o en otras instituciones públicas o privadas que estén debidamente acreditadas ante dicho Centro”.

Enseguida, señala la sentencia que no cabe duda que tal asignación constituyó una herramienta de mejora salarial, formando parte de la remuneración mensual de los profesionales docentes del sector municipalizado que cumplían las condiciones para su otorgamiento. Por lo que al tener un carácter netamente remuneracional, y además periódico, constituye una prestación de orden laboral irrenunciable, protegida por el Código del Trabajo, plenamente subsumible en el concepto dado en el inciso 1 del artículo 41 de dicho cuerpo legal.