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CGR establece que la designación del delegado ante la junta calificadora corresponde a la asociación de funcionarios respectiva que cuente con mayor cantidad de afiliados.

Será procedente que la Subsecretaría de Redes Asistenciales determine cuál de las asociaciones existentes es la que cumple las condiciones que establece el artículo 35, inciso final, de la ley N° 18.834.

Por Redacción·15 de febrero de 2019·3 min de lectura
CGR establece que la designación del delegado ante la junta calificadora corresponde a la asociación de funcionarios respectiva que cuente con mayor cantidad de afiliados.
Referencial

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Redes Asistenciales- sobre si los funcionarios de esa repartición pueden afiliarse a la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (AFUMINSAL) y viceversa. Por otra parte, requiere que se establezca la agrupación gremial a la que le corresponde designar un delegado ante la junta calificadora que se conforma en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, toda vez que la circular interna B41 N° 06, de 2017, de este último servicio, definió que dicha delegación recaía en un funcionario que no pertenece a esa entidad.

Al respecto, el ente contralor señala que en lo que dice relación con la determinación de los funcionarios que pueden afiliarse a las asociaciones gremiales de la especie, cabe hacer presente que el artículo 1° de la ley N° 19.296 reconoce a los trabajadores de la Administración del Estado el derecho a constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen convenientes, con la sola limitación de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.

A continuación, afirma que, en razón de lo anterior, la jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 12.812 y 56.274, ambos de 2016, sostuvieron que los conflictos o asuntos internos que afecten a una asociación de funcionarios deberán ser resueltos por la misma organización, de acuerdo a los mecanismos establecidos en sus propios estatutos y, en defecto de ello, sometiendo el asunto a los tribunales de justicia.

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