La Corte Constitucional de Colombia determinó la exequibilidad condicionada de un conjunto de normas en materia de educación y estableció, en su jurisprudencia, que el derecho al acceso a la educación inclusiva de las personas con condiciones de discapacidad es la regla general en el ordenamiento constitucional vigente y que, por tanto, la oferta de educación especial debe ser la excepción, preferiblemente temporal, parcial y excepcionalmente definitiva.
En su sentencia, el máximo Tribunal colombiano indicó que el derecho fundamental y servicio público de educación debe ser asegurado a las personas en condiciones de discapacidad de la misma forma como lo es para las demás personas. Lo anterior implica, que no puede ser negado el acceso en razón de la discapacidad o frustrada la asistencia a una educación convencional por la ausencia de ajustes razonables, pues es una obligación de las instituciones tomar las medidas necesarias y adecuadas para lograr el objetivo de la inclusión. La jurisprudencia con base en esta regla general, ha aceptado conceder de forma excepcional, la educación especial o especializada entendiéndola como un complemento o apoyo de la convencional y en casos en los que hay un fundamento científico suficiente y la participación de la comunidad académica involucrada.
En este mismo sentido, señaló que la oferta de educación especial no es inconstitucional cuando atiende a necesidades educativas individuales. Así, la educación especial se torna como una alternativa razonable que cumple con un fin legítimo, el cual se sustenta en garantizar el acceso a al educación a personas en condiciones de discapacidad sensorial, física o cognitiva que requieren de esta modalidad para alcanzar un mayor grado de desarrollo de acuerdo con sus habilidades.
Vea texto íntegro del comunicado.