La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenan hechos de represión violenta en Venezuela y urgen al Estado a garantizar los derechos humanos de la población frente a la crisis política, económica y social.
La CIDH recabó información sobre la ocurrencia de graves hechos de violencia en Venezuela el 23 de febrero de 2019, en el contexto de las acciones dirigidas a intentar ingresar ayuda humanitaria desde distintos puntos fronterizos en Colombia y Brasil. En la represión actuaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos civiles armados.
Según la Comisión, de acuerdo Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), cuatro personas fueron asesinadas en Santa Elena de Uairén, Bolivar, todas por heridas de bala: José Hernández de 26 años, Emir Barreto de 20 años y Cheo Alexis Fernández Suárez de 40 años y Kliver Alfredo Pérez Rivero de 24 años. La CIDH recibió información sobre otras cuatro personas que podrían haber sido asesinadas en los estados de Bolívar y Táchira, pero sin que hayan sido identificadas hasta el momento. A su vez, el OVCS informó sobre 295 heridos en al menos 12 estados por heridas de armas de fuego, sustancias tóxicas y diversas formas de agresiones. También sobre la quema de dos camiones que estaban intentando ingresar a territorio venezolano con ayuda humanitaria.
El Foro Penal también registró 32 arrestos, los cuales se produjeron en los estados de Zulia (16), Bolívar (6), Lara (4), Anzoátegui (3), Táchira (2) y Aragua (1). De las personas detenidas, 10 son indígenas pemones, de los cuales 9 fueron de la comunidad Kumaracapay y 1 en Santa Elena de Uairen, Gran Sabana, estado de Bolívar.
A su vez, el día 22 de febrero la CIDH recibió información sobre la muerte de 1 persona y al menos otras 15 heridas en la comunidad indígena Kumaracapay, en San Francisco de Yuruaní, Bolivar, cuando camiones con efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana que se dirigían a la frontera con Brasil, habrían abierto fuego contra integrantes de la comunidad.
La Comisión observa con preocupación que los hechos registrados en los últimos días se enmarcan en el contexto de la represión a protestas ocurridas en los meses de enero y febrero; la represión y el uso de la fuerza letal en el marco de las manifestaciones, la persecución y estigmatización de personas opositoras y ciudadanos; las denuncias de allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias efectuados durante y con posterioridad a las protestas; la expulsión y detención de periodistas y las violaciones a la libertad de expresión de la población mediante el bloqueo o suspensión de sitios web, plataformas y de internet.
Durante este periodo, según la CIDH, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y PROVEA registraron un total de 35 muertes en el contexto de las protestas en 10 estados del país, entre el 22 y 28 de enero. Todas las víctimas fatales fueron heridas por armas de fuego. En aproximadamente 80% de los casos, se documentó la presencia de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según datos del Foro Penal, entre el 21 de enero y el 21 de febrero se registró un total de 1.122 arrestos arbitrarios en el marco de las protestas, 141 mujeres y 141 menores de edad, de las cuales 1.030 habrían sido presentadas ante tribunales, 636 permanecen detenidas, incluyendo 75 mujeres. A ello se han sumado, en especial en las últimas semanas, información sobre detenciones y campañas de estigmatización y hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos y quienes realizan labor humanitaria en el país.
A continuación, la CIDH expone que según el OVCS, durante el 2018, el 89% de las protestas registradas en el país tendrían relación con la falta de garantía de los DESCA. Sólo durante el mes de enero de 2019, el Observatorio contabilizó 2.573 manifestaciones, lo que equivale a 86 protestas diarias en todo el país. De ellas, en aproximadamente el 36% se demandó por el derecho a la salud, a la alimentación, derechos laborales y el acceso a servicios básicos. La pérdida del poder adquisitivo hace que el sueldo mínimo oficial en Venezuela sea de 6 dólares por mes.
La CIDH y su REDESCA advierten que los hechos de represión y violencia se enmarcan en una situación general de crisis permanente, en especial en cuanto a la garantía efectiva de los derechos a la alimentación y a la salud, que ha afectado de manera diferenciada a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. En los últimos dos años, la producción de alimentos ha disminuido, los costos de los mismos se han incrementado y existen limitaciones para el acceso, generando graves consecuencias para la población.
Como consecuencia de violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando el país, la CIDH ha observado con preocupación cómo millones de personas venezolanas se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región en los últimos años. Esta situación se ha convertido en la principal crisis de migración forzada que se ha registrado en la región y una de las mayores a nivel mundial en la actualidad. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al 1 de febrero de 2019, había cerca de 3,4 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas, de las cuales 2.7 millones se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe, siendo los principales países receptores Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. El referido contexto de crisis, también ha conllevado el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. 

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