Diario Constitucional

En fallo unánime.

Corte de Valparaíso rechaza protección de telefonista en contra del Senado.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial por no ser el recurso de protección la vía idónea para resolver sobre el mérito de un sumario administrativo.

Por Redacción·05 de marzo de 2019·3 min de lectura
Imagen: Corte Valparaíso
Referencial

En fallo unánime, la Corte de Valparaíso rechazó el recurso de protección deducido por telefonista en contra de la decisión del Senado de abrir sumario administrativo en su contra por múltiples licencias presentadas, la presunta grabación de reuniones sin el consentimiento de los asistentes y por entregar antecedentes de dicha indagatoria a medios de comunicación.

La sentencia sostiene que siendo la formulación de cargos un acto de aquellos que se denominan intermedios, por oposición a los de término en el derecho administrativo, no puede ser objeto de una acción de protección, desde que no se ha producido una situación fáctica que afecte los derechos o garantías que se invocan por la recurrente. Así se ha declarado reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Tanto más, si en la especie lo que se reclama como hecho atentatorio, es la mera formulación de cargos dentro de un procedimiento al que le queda aún por cumplir la etapa de defensa; lo que supone la posibilidad de rendir las pruebas que permitan desvirtuar tales cargos. En consecuencia, este tribunal no se encuentra enfrentado a un caso en que la recurrente haya sufrido, efectivamente, la privación, perturbación o amenaza de los derechos que dice afectados, por lo que procederá a desestimar el recurso.

La resolución agrega que, a mayor abundamiento, ha de tenerse presente que el hecho que origina la acción de autos, corresponde a uno de los actos que se contemplan como parte de un sumario administrativo; el cual es un procedimiento regulado por el ordenamiento jurídico, y que se reconoce como una forma de asegurar al funcionario afectado la posibilidad de contar con un medio jurídicamente legitimado para aplicar, si fuere el caso, las sanciones que se encuentren previstas para la conducta imputada, pero que también puede culminar con una decisión absolutoria de los cargos.

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