“Desprotección de los trabajadores del sector público”; “la norma intenta zanjar un debate”; “las vías manifestadas son de difícil solución a futuro”; “esto generará una nueva responsabilidad fiscal”; “hubo excesos del Tribunal Constitucional”: estas fueron solo algunas de las diversas opiniones vertidas durante el debate en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, el que fue aprobado, por 31 votos a favor y 8 abstenciones, en la Cámara del Senado.
La iniciativa -que responde a tres mociones refundidas- precisa que el procedimiento de tutela laboral contenido en el Código del Trabajo, beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, y de las empresas públicas.
En la sesión se puntualizó que “sistemáticamente la Corte Suprema ha comprendido a los trabajadores del sector público en la tutela laboral; sin embargo el Tribunal Constitucional, en diciembre de 2018, dictó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de San Miguel respecto del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 485 del Código del Trabajo, aspecto que fue gravitante en la mayoría de las argumentaciones.
Cabe señalar que el proyecto se votaría en particular, durante la sesión de mañana miércoles, pero surgieron voces que dejaron constancia de la necesidad de darle “un tiempo prudente para la presentación de indicaciones”, tal como precisó el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
La senadora Goic sostuvo que “está pendiente una reforma más amplia, que tiene que ver con muchos aspectos administrativos, pero lo que hoy estamos discutiendo tiene que ver con garantizar los derechos laborales para los funcionarios públicos, que están consagrados en la Constitución”.
Luego, el legislador Moreira indicó que “ha quedado al descubierto la desprotección que tienen nuestros funcionarios públicos con respecto a sus derechos. La protección para trabajadores públicos o privados, debe ser prioridad para cualquier gobierno. Estoy por apoyar, pero tengo que dejar constancia que temo que las vías manifestadas sean de difícil solución a futuro”.
Enseguida, el senador Bianchi dijo que “el Estado es un mal empleador y esto lo he repetido múltiples veces. En materia legislativa ha sido casi nulo y ha tenido que ser la Corte Suprema la que ha iniciado el proceso que ha significado reconocimientos tan importantes como la indemnización por años de servicios y la tutela laboral para los funcionarios públicos”.
A su turno, el congresista Allamand afirmó que "este proyecto aspira a dejar establecido categóricamente que los trabajadores del sector público sí tienen derecho a la tutela laboral, pero la forma legislativa en que lo hemos hecho ha sido una norma interpretativa del artículo 485 del Condigo del Trabajo y en consecuencia traspasamos en bloque las instituciones del Código para aplicárselas a los funcionarios públicos y esto trae problemas”.
A continuación, el parlamentario Pugh valoró “el trabajo de los funcionarios públicos, quiero lo mejor para ellos y las asimetrías no son justas. Aquí se busca regular, pero entendido la complejidad del Estado, por ello hay una Contraloría que se preocupa de los procesos. Es importante un plazo de indicaciones para incluir las situaciones particulares”.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis 

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