El Colegio de Abofgados se pronunció ayer, a través de una declaración pública, respecto de la situación de la Corte de Rancagua, acordando por la unanimidad de los Consejeros presentes, que comparte la alarma pública que se ha producido ante los graves hechos que se investigan respecto de tres ministros de esa Corte, de miembros del Poder Judicial y abogados que ejercen en esa jurisdicción:
"Con honda preocupación comprobamos que, de confirmarse las acusaciones y denuncias conocidas, resguardando la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, estaríamos ante hechos de inusitada gravedad.
Destacamos positivamente que la Corte Suprema haya reaccionado con prontitud ante esta situación para determinar las responsabilidades de todos los funcionarios y ministros que puedan aparecer involucrados.
Sin embargo, consideramos que los hechos deben ser evaluados a la luz de los desafíos de modernización que afectan al Poder Judicial y que vienen siendo materia del debate público desde hace mucho tiempo. El caso no sólo amerita su total esclarecimiento y la aplicación de las sanciones que puedan resultar procedentes, sino que debe motivar una profunda revisión de la carrera judicial, lo que incluye el sistema de nombramientos, calificaciones, capacitaciones y régimen disciplinario de los jueces.
Llamamos, además, a todos los abogados del país a unirse de modo férreo a combatir el abuso y la corrupción y a colaborar con la ministra de la Corte Suprema designada para esclarecer a fondo cualquier irregularidad, cohecho, tráfico de influencias o desviado ejercicio de la función judicial.
Como colaboradores de la administración de justicia, los abogados debemos contribuir lealmente con la judicatura, lo que también supone estar siempre vigilantes frente a cualquier irregularidad o atisbo de corrupción, en cualquiera de sus formas.
El Estado de Derecho tiene como uno de sus pilares esenciales la existencia de un Poder Judicial, conformado por tribunales, que den plenas garantías de imparcialidad e independencia, libres de cualquier influencia indebida.
Para prevenir futuros casos como los investigados en Rancagua, los abogados debemos exigir que el Poder Judicial mejore y haga más expeditos los canales de denuncias, a través de los diversos mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico, garantizando siempre la confidencialidad, sin perjuicio de lo cual estimamos que otro canal preferente debe ser considerado por los respectivos colegios de abogados.
Finalmente, hacemos presente que, respecto de los abogados colegiados que resulten involucrados en estos hechos, el Colegio iniciará de oficio el correspondiente proceso ético".
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