En fallo unánime.
CS confirmó sentencia que rechazó protección contra arrendador que habría cortado el agua e insultado a su arrendataria.
La recurrente estimó vulneradas las garantías previstas en el artículo 19, numerales 1,2, 3, 9, 16, 21, 23 y 24 de la Constitución Política.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Valparaíso que rechazó la acción de protección deducida por una comerciante en contra de su arrendador, Inversiones Res Non Verba Limitada, debido al corte de los suministros básicos de energía eléctrica y agua potable efectuados sobre el inmueble que arrienda, que sirve de cafetería, como también las visitas a éste en las cuales profiere amenazas, insultos, gritos y vías de hecho, en presencia de clientes y trabajadores.
En su sentencia, la Corte expuso que el recurso de protección, en cuanto acción de emergencia que no constituye juicio ni contempla etapa probatoria, requiere que nos encontremos ante hechos indubitados, o fehacientemente establecidos, de modo que sobre ellos se puedan asentar los derechos que quepa resguardar.
Al respecto, señala que en la especie la recurrida niega los hechos en que se quiere sostener la acción, tanto respecto de los cortes de energía eléctrica como de las amenazas, insultos y vías de hecho, que le atribuye la actora. Más importante que eso, todavía, es el hecho destacado en estrados por la propia parte recurrente, respecto a que existen dos procedimientos judiciales contradictorios, incoados con relación a los mismos hechos esgrimidos. En materia civil, un juicio de terminación de contrato de arriendo, en el que la actual recurrente deduce demanda reconvencional de perjuicios por los daños que atribuye a la recurrida, con motivo de los cortes de energía eléctrica. En materia penal, el mismo letrado recurrente nos dice que presentó una querella que dio origen a una causa ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, por los hechos referidos en el recurso de protección y que en su concepto constituirían ilícitos penales. El juicio civil supone que tendrá que acreditarse allí la existencia de aquellos daños, su origen y la relación causal con actos del demandado reconvencional. El juicio penal supone que deberá investigarse y establecerse, o no, la efectividad de los hechos atribuidos al ahora recurrido.
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