CS acogió protección y dejó sin efecto dictamen de la Contraloría Regional Metropolitana que había considerado el tiempo de colación de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial como jornada laboral.

La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por la Corporación de Asistencia Judicial contra la Contraloría Regional Metropolitana, debido a que emitió el Dictamen Nº 11.832, de 17 de octubre de 2018, mediante el cual dispuso regularizar los contratos de trabajo y jornadas laborales de sus funcionarios; ordenó a la repartición pública que remunere retroactivamente a sus funcionarios los 30 minutos destinados a colación, dado que ese período es parte de la jornada laboral; asimismo, respecto de aquellos funcionarios que trabajaron 9,5 horas diarias, ordenó que se les remunere retroactivamente la diferencia de tiempo que exceda la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales; y por último, dispuso que los derechos contemplados en el Código del Trabajo prescribirán en un plazo de dos años contados desde que se hicieron exigibles, término que se interrumpe por el reclamo formal del interesado o de quien lo represente ante la Contraloría, por lo que sólo proceden los anotados pagos retroactivos hasta 2 años contados hacia atrás desde el 21 de diciembre de 2017, fecha de la presentación de la asociación ocurrente.

La recurrente estimó como vulnerada la igualdad ante la ley, por cuanto la recurrida ha regulado por medio del acto impugnado, al margen de la ley, la aplicación de la jornada única a los funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo, incurriendo en una discriminación arbitraria. Asimismo, consideró que se infringió el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, al constituirse la Contraloría Regional en una comisión especial al pretender modificar por vía interpretativa un texto legal expreso, cuestión que es propia de ley y cuyo órgano naturalmente competente es el Congreso Nacional, constituyendo, además, una grave falta al principio de legalidad en su aspecto atributivo, toda vez, que la recurrida, en el caso sub lite, se está auto atribuyendo facultades de las cuales carece. Por último, adujo que se conculcó el derecho de propiedad, pues se amenaza el presupuesto del servicio, significando un 10% del presupuesto anual, lo que de manera evidente afectará gravemente el cumplimiento de su deber constitucional y la garantía de toda persona de acceder a la defensa jurídica en la forma que señala la ley.

Cabe recordar que la Corte de Santiago había rechazado la acción de protección, al sostener que no puede retrotraer el status quo previo, por cuanto la Contraloría, únicamente, estableció la procedencia del pago de las prestaciones que se habían reclamado por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, derecho que a su juicio, siempre ha existido a favor de los trabajadores dependientes de la Corporación de Asistencia Judicial y, en consecuencia, su decisión administrativa emana de las facultades que le fueron conferidas constitucionalmente, motivo por el cual, la vía proteccional no resulta el camino idóneo para dejar sin efecto dicha decisión administrativa.