La Corte Constitucional de Colombia, en el marco de una acción de tutela interpuesta por la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla (FUNDAZOO) contra la Corte Suprema de Justicia, convocó una audiencia pública en la que se escucharán diferentes puntos de vista relacionados con el empleo de acciones constitucionales para garantizar la protección de los animales.
Cabe recordar que los hechos que motivan la tutela se refieren a la posible protección del oso de anteojos “Chucho”, que fue trasladado de la Reserva de Río Blanco en la ciudad de Manizales al Zoológico de Barranquilla en junio de 2017. Por considerar que se encontraba en una situación de “cautiverio permanente”, un ciudadano –que actuaba como agente oficioso- presentó una acción de habeas corpus, la cual fue negada en primera instancia, pero decidida favorablemente el 26 de julio de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Contra esa providencia judicial, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla instauró acción de tutela por considerar que no se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del habeas corpus ni se revisó el material probatorio allegado. Así, en las dos instancias, las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia -respectivamente- accedieron a las pretensiones, revocando el habeas corpus.
La Magistratura constitucional colombiana, durante la etapa de revisión, puso el caso analizado en conocimiento a autoridades y expertos ambientales del país con el fin de que allegaran sus conceptos sobre la utilización de las acciones constitucionales para la defensa de los animales, el estado actual del debate sobre los derechos de los animales y la protección o bienestar animal en nuestra Constitución. También solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico que, en coordinación con la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, realizara una visita a la FUNDAZOO, con el propósito de verificar las condiciones del oso de anteojos “Chucho”, especialmente, descripción del hábitat, de la alimentación suministrada, de los cuidados veterinarios, de su conducta y rutina. Así, durante la recepción de pruebas, el Observatorio Animalista de la Pontificia Universidad Javeriana solicitó una audiencia pública para discutir el caso en cuestión. Por ello, se consideró necesario convocar a los accionantes, a expertos defensores de animales y académicos, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las Corporaciones Autónomas Regionales involucradas en el expediente, entre otros, para que intervengan sobre dos ejes temáticos: política pública de protección y conservación del Oso Andino; y la protección de los animales en el derecho comparado e interno.
Vea texto íntegro de la resolución.
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