Diario Constitucional

En fallo unánime.

CS confirmó sentencia que rechazó protección contra Juzgado de Familia de Ancud por disponer la salida de una niña de cuatro años del hogar de sus cuidadores y esperar en una residencial ser adoptada.

La recurrente estimó vulnerados los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 Nº1, Nº2 y Nº3, de la Constitución Política.

Por Redacción·31 de julio de 2019·3 min de lectura
CS confirmó sentencia que rechazó protección contra Juzgado de Familia de Ancud por disponer la salida de una niña de cuatro años del hogar de sus cuidadores y esperar en una residencial ser adoptada.
Referencial

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Puerto Montt que rechazó la acción de protección deducida en favor de una niña en contra del Juzgado de Familia de Ancud, por la dictación de una resolución, en audiencia de revisión de medida de protección, por la que ordenó la salida de la niña del hogar de sus cuidadores –los recurrentes-, donde hay antecedentes de violencia intrafamiliar, y su ingreso a la Residencial Laurita Vicuña de Ancud, a la espera de la tramitación de la causa de adopción de la niña.

La recurrente invocó el interés superior de la niña, consagrado tanto en el Derecho interno como en la Convención Internacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y arguyó que la resolución que se ataca vulnera la integridad síquica de la niña, que es arbitraria y carece de fundamento razonable, atentando además contra el “debido proceso”, desde que no se les ha aceptado ser parte en los procesos de susceptibilidad de adopción y de cumplimiento de medida de protección, por lo que no se les notifica de las resoluciones judiciales dictadas en ellos.

Cabe recordar que la sentencia de la Corte de Puerto Montt indicó en su oportunidad que del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la resolución impugnada ha sido dictada por un órgano competente en uso de sus facultades y en el marco de un procedimiento judicial legalmente tramitado, por lo que el asunto se encuentra sometido al imperio del Derecho, siendo procedente el control de las decisiones por las vías procesales correspondientes, cuestión que no obsta al ejercicio de las acciones constitucionales extraordinarias como la de autos, según lo preceptúa el artículo 20 de la Constitución Política.

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