REDESCA de la CIDH expresa su profunda preocupación ante discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos al trabajo y a la salud en Nicaragua.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido con preocupación reiterados reportes que apuntan a que existe un patrón de discriminación y amenazas de represalias por parte de las autoridades del Estado de Nicaragua con implicancias sobre los derechos al trabajo y a la salud de personas opositoras o críticas del Gobierno.

Así por ejemplo, la REDESCA tuvo conocimiento que el pasado 10 de abril, en una reunión con trabajadores estatales, representantes departamentales del Frente Nacional de Trabajadores y del Ministerio de Salud en Carazo, habrían advertido que las y los trabajadores estatales que no estén de acuerdo con las recomendaciones del gobierno serían despedidos. Al mismo tiempo, habrían indicado que únicamente se contratarán personas que posean carnet de militancia del partido oficialista, además de revisar que las y los actuales funcionarios públicos cuenten con el mismo. También habrían instruido que, en caso de existir nuevas manifestaciones sociales, no deben prestar asistencia médica a nadie que se relacione con las protestas, e incluso se advirtió que no deben tener contacto o dialogar con personas asociadas a los movimientos de oposición. Orientaciones del mismo tipo se habrían repetido, durante el mes de julio de 2019, en otras ciudades como Jinotepe, León y Somoto. En esta última ciudad, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), habrían amenazado con despidos a los trabajadores considerados “traidores” del partido oficialista por, entre otras razones, haber atendido a personas manifestantes heridas durante las protestas.

En general, la CIDH, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y su REDESCA han tomado conocimiento de manera sostenida sobre denuncias de personal de salud de hospitales públicos por haber recibido instrucciones de no atender a manifestantes heridos bajo amenaza de despido o detención. También han manifestado su preocupación por hechos de persecución posterior y acciones de intimidación que dichos profesionales habrían recibido por haber desobedecido dicha orientación, lo cual, en muchas situaciones, provocó que tengan que salir del país.