Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, los artículos 200, 201 y 170 del Código de Procedimiento Civil y el artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.886.
Los preceptos impugnados establecen, en esencia, la obligación de hacerse parte en los recursos de apelación y casación, y la aplicación temporal de la nueva ley de tramitación electrónica.
Los preceptos impugnados establecen, en esencia, la obligación de hacerse parte en los recursos de apelación y casación, y la aplicación temporal de la nueva ley de tramitación electrónica.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de casación en el fondo, de que conoce la Corte Suprema. Dicho recurso recae en la sentencia de la Corte de Santiago, el cual confirma la sentencia de primera instancia de fecha 7 de febrero de 2018 dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago. Consta que el expediente es devuelto a primera instancia por los tribunales superiores, por estimar que no se cumplió con los requisitos de admisibilidad.
La requirente estima que las normas impugnadas vulnerarían el debido proceso y la igualdad ante la ley, por cuanto no existe diferencia entre un litigante que tramita una causa anterior a 2016 y uno que tramita una causa con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica y, sin embargo, se le impone al primero la carga de hacerse parte pero no al segundo.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 7263-19.
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