Opinión.
Escriben: «El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad Intelectual».
Se observa con preocupación que, pese a diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social.

Recientemente, el abogado argentino Carlos Almeida publicó un artículo sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad intelectual.
Al respecto, comienza manifestando que el siguiente trabajo tiene como objetivo difundir y evidenciar las dificultades que continúan presentándose diariamente, cuando se intenta la implementación efectiva del derecho a la Educación Inclusiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones en todos los niveles, consagrado por nuestra Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –Ley Nº 26.378- y las Leyes Nacionales de Educación Inclusiva Nº 26.206 y de Educación Superior Nº 24.521 con su modificatoria la Ley Nacional Nº 27.204 de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel Superior.
Y es que si bien existe una gran variedad de normas que reconocen el derecho a la educación en un pie de igualdad para todas las personas, incluidas aquellas que tengan como condición alguna discapacidad, en la práctica se siguen presentando casos en que todavía es necesario una denuncia, pedido de intervención estatal o amparo judicial para evitar que se desconozcan y vulneren derechos de las personas con discapacidad, que tienen consagración en normativas internacionales y nacionales de distintas jerarquías.
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