Con dos votos en contra, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió protección en contra del General Director de Carabineros, por carta que fundamentó el no pago de los meses de inamovilidad al recurrente, mientras se encontraba pendiente sumario en su contra.
En el escrito, se señala haber recurrido de acción de protección en contra del General Director de Carabineros de Chile y del General Inspector de Carabineros de Chile, por la emisión de la Carta N° 706, de fecha 14 de diciembre de 2018, mediante la cual se le informó al recurrente el motivo por el cual no se le pagó los meses de inamovilidad de servicio activo que contempla el Estatuto del Personal, lo que se verificó en el contexto de su retiro temporal por existir una investigación administrativa y penal en su contra en el marco del fraude de Carabineros de Chile.
El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 en el numerales 3 y 24.
En su sentencia, la Corte de Santiago indicó en síntesis que, el beneficio que consagra el artículo 75 inciso segundo del DFL N° 2 de 1968, que fija el Estatuto del Personal de Carabineros, no reviste la naturaleza jurídica de pensión de retiro, ni de montepío, ni tampoco es una indemnización, sino que se trata de un beneficio legal, que únicamente pretende que el personal con derecho a pensión de retiro, cuyo es el caso del recurrente, perciba por una sola vez, el equivalente a su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro meses, para solventar sus gastos entre la fecha que pasó a retiro y aquélla en que comience a recibir su pago de su pensión. Tanto es así que, la propia norma establece que “El pago de la pensión de retiro se decretará a contar desde la expiración de este plazo.”.
El fallo concluyó que, en consecuencia, el actuar de la recurrida infringió, en primer término, el Nº 3, del artículo 19 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que por sí y ante sí, decidió que correspondía descontar del beneficio consagrado en el artículo 75 inciso segundo del citado DFL N° 2 de 1968, lo que el actor había percibido por concepto de remuneraciones mientras estuvo afecto a una medida de carácter personal en sede penal; lo que también le provocó un menoscabo de carácter patrimonial, afectando la garantía constitucional consagrada en el N° 24, de la norma constitucional referida. Por los motivos señalados, se acogió el recurso de protección.
La sentencia fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval y del Ministro Subrogante Juan Manuel Muñoz Pardo, quienes estuvieron por revocar y rechazar el recurso de protección sobre la base de sus propios fundamentos.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol 15965-2019 y de la Corte de Apelaciones Rol 4158 – 2019
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