Diario Constitucional

En fallo dividido.

Corte Suprema ordena al Fisco indemnizar a familiares de dirigente portuario ejecutado en 1973

El máximo Tribunal acogió recurso de casación en el fondo deducido y revocó la sentencia que rechazó la demanda al acoger la excepción de pago argüida por el Estado.

Por Redacción·05 de diciembre de 2019·3 min de lectura
Corte Suprema ordena al Fisco indemnizar a familiares de dirigente portuario ejecutado en 1973
Referencial

En fallo dividido, la Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $340.000.000 a los familiares del dirigente del sindicato de estibadores del puerto de San Antonio, Armando Jiménez Machuca, ejecutado el 21 de septiembre de 1973.

La sentencia sostiene que de lo referido en la historia fidedigna de la ley, sumado a las características de los beneficios que ella otorga, es posible concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, conceptualización que permite entender los beneficios que se conceden, como por ejemplo los relacionados con educación y salud, los que quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores. Consecuencia de lo reseñado es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N° 19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

La resolución agrega que por lo demás, la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que en este proceso civil se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de otra manera sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.

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