En 109 páginas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó sobre todos los hechos registrados y acciones que han adoptado en el contexto de la crisis social.
Desde el 17 de octubre al 30 de noviembre, el INDH presentó más de 500 querellas contra agentes del Estado, especialmente contra Carabineros, acusando violaciones a los DD.HH., una "indebida autonomía" de parte de la policía uniformada, y una inacción por parte de Estado.
Asegura que el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros que describe este Informe, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana".
A continuación, añade que "la presente crisis social dejó en dramática evidencia una situación que el INDH ha venido haciendo presente desde su fundación, relativa al rezago y debilidad de Carabineros de Chile para garantizar que el cumplimiento de sus funciones sea con pleno respeto a los derechos humanos y efectivo control por parte de la autoridad civil".
Es por ello, que en el documento presentaron seis recomendaciones a distintas instituciones y poderes del Estado para abordar los hechos constatados y evitar su ocurrencia a futuro.
1. Para poner fin a las graves violaciones a los derechos humano
Sugiere al Ejecutivo, especialmente a través del Ministerio del Interior, "disponer de todos los esfuerzos" para que la actuación de las Fuerzas de Orden se realice con estricto apego al respeto de los DD.HH. "de manera que responda a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad
Para ello, indica, se debe asegurar que el uso de escopetas antidisturbios sea con "estricto apego a los protocolos", estableciendo medidas de control y capacitación. Instruir a Carabineros en cuanto al uso de agentes químicos: que estos no sean lanzados o detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise la composición de los mismos.
También instruir a los policías para que las detenciones durante manifestaciones se ajusten a la legalidad, dando un trato digno a los aprehendidos, y excluyendo "de modo absoluto" torturas u otros tratos inhumanos o degradantes.
Ello, además de "adoptar todas las medidas" necesarias para que las Fuerzas de Orden cumplan sus funciones garantizando respeto a DD.HH.
2. Para que policías velen por el orden público con respeto a los DD.HH.
Sugiere al Ejecutivo y Legislativo, en su condición de colegisladoras, "convocar al más amplio diálogo" sobre los elementos que deben caracterizar "una profunda reforma de la policía uniformada", para que esta, en democracia, "desempeñe sus labores con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos".
Para esto se recomienda iniciar un proceso de modernización y profesionalización; crear mecanismos autónomos y especializados de control externo; y tomar medidas respecto estructura orgánica, cultura interna, doctrina, protocolos para el cumplimiento de las funciones policiales.
Así también hacer que Carabineros, PDI, y FF.AA. refuercen las instancias formativas en derechos humanos, con profesionales externos; y avanzar en la regulación del derecho de reunión por medio de una ley "que integre y acoja las más diversas formas de su ejercicio".
3. Para asegurar una efectiva justicia y la no impunidad
En este caso, realiza sugerencias a distintas instituciones ligadas al sistema penal. A la Fiscalía Nacional las de fortalecer el trabajo de los persecutores; y establecer medidas de especial atención y protección de víctimas que denuncien vulneraciones a los DD.HH.
Al Poder Judicial se recomienda "velar por la garantía a un recurso judicial efectivo, tramitado en un plazo razonable, con el fin de determinar oportunamente, y con respeto al debido proceso, las responsabilidades" de las afectaciones durante la crisis, además de establecer las reparaciones correspondientes, y tomar medidas especiales en casos de violencia sexual.
También garantizar un "acceso efectivo y rápido" a recursos judiciales en esta materia.
A los poderes del Estado se emplaza a realizar acciones para que las policías y FF.AA. "presten absoluta colaboración en los procesos penales que se lleven respecto de sus efectivos"; mientras que al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ejercer todas sus facultades para el ejercicio de la acción penal.
Al Ejecutivo se recomendó, a través del ministerio de Justicia, fortalecer al Servicio Médico Legal.
4. Para reparación de quienes han sido vulnerados
Se sugiere al Ejecutivo, a través de la cartera de Justicia, incorporar en el Plan Nacional de DD.HH. los procedimientos y acciones destinadas al establecimiento de la verdad de los hechos ocurridos durante la crisis, además de garantizar que no se repetirán las violaciones a los DD.HH.
También generar un conjunto de medidas de "reparación pertinentes y adecuadas al daño provocado a las víctimas que contemple el acceso prioritario y especializado a prestaciones de salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones".
Además, que a través de los ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social, se formulen políticas públicas de apoyo a comerciantes, pequeños y medianos empresarios y trabajadores, que han visto afectadas sus fuentes de trabajo.
5. Para el fortalecimiento de la valoración de los DD.HH. y la democracia
En esta materia, el INDH recomienda al Ejecutivo y Legislador fortalecer la actual institucionalidad que promueve y protege los DD.HH., especialmente de menores, mujeres, personas con discapacidad, tercera edad y pueblos indígenas.
Además, adoptar medidas para prevenir e investigar dichas situaciones, y fortalecer la Defensoría de la Niñez. Se sugiere además "reconocer la contribución realizada por defensoras y defensores de derechos humanos, reforzando las instancias de participación de la sociedad civil en la promoción y protección de dichos derechos". También fortalecer los programas existentes en DD.HH. y fomentar la creación de otros nuevos.
6. Para el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
Por último, el INDH sugiere al Estado asegurar el pleno ejercicio de dichos derechos, "de manera de disminuir la gran desigualdad derivada de aquellos que no han sido adecuadamente garantizados.
Especialmente, añaden, resguardar el acceso a derechos en ámbitos como salud, previsión, social, educación y vivienda, "sin discriminación arbitraria".
"El Estado debe, hasta el máximo de los recursos de que disponga, lograr progresivamente y por todos los medios apropiados -inclusive la adopción de medidas legislativas-, la plena efectividad de estos derechos, con el propósito de contribuir a la construcción de alternativas de solución de la actual crisis", concluye.
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