El Tribunal Constitucional admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 125, numeral 18), de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura.
La gestión pendiente incide en autos civiles de que conoce el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Copiapó, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación, en los que la requirente fue condenada a 30UTM, por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Al efecto, cabe recordar que la requirente estima que el precepto impugnado infringiría su integridad física y psíquica, toda vez que los efectos generados por la disposición legal, cuya constitucionalidad se cuestiona, es impedir dejar sin efecto, un apremio, por falta de diligencia de un órgano del Estado, que no realizó gestión alguna, por más de 8 meses, dejando incólume, una sanción que puede afectar la libertad personal de la requirente. Asimismo, considera vulnerada la igualdad ante la ley, puesto que realiza una diferencia arbitraria, entre las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento por infracción a la Ley 18.892, y aquellas otras personas, que sean parte, en otros procedimientos civiles.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada por el término de diez días. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 8168-19.