Tribunal Supremo de España fijó doctrina sobre compatibilidades de empleados públicos para realizar actividades privadas.

El Tribunal Supremo de España dictó una sentencia en la que fijó doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destacó que para denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad.

El máximo Tribunal ibérico en su sentencia dio la razón al técnico de una agencia pública de Andalucía a quien la Junta le negó la compatibilidad y a quien el el Tribunal Supremo se la reconoció por dos motivos: que su complemento de “puesto de trabajo” no retribuía expresamente la incompatibilidad y el ser incuestionable que el mismo no superaba el umbral del 30% de las retribuciones básicas.

El Tribunal Supremo español analizó la regulación de las incompatibilidades y los complementos específicos, así como la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. El máximo Tribunal concluyó que, a la vista de lo establecido en la Ley 53/1984, de Incompatilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, “la percepción por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.