El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, hizo un enérgico llamado para que las empresas concesionarias cumplan con sus contratos y entreguen todos los implementos de seguridad que impidan masificar los contagios por coronavirus en las cárceles del país y adelantó que, en los próximos días, el INDH llegará hasta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para hacer exigibles los contratos en las cárceles concesionadas a privados.
Así lo manifestó el jefe nacional del INDH tras reunirse con la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, luego que dicha autoridad diera a conocer un lapidario informe sobre las condiciones carcelarias del país, donde advierte que “no es posible garantizar que las cárceles cumplan con exigencias para evitar el contagio” de coronavirus COVID-19.
Micco, calificó como un acto de valentía la publicación del informe porque según manifestó, “no es fácil apuntar con el dedo, a la llaga que tiene la sociedad chilena. A los chilenos y chilenas nos gustaría no saber lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios”. “Hemos coincidido en que estamos frente a una verdadera bomba de tiempo, tenemos que actuar ya, como Estado y como sociedad para que Puente Alto no se transforme en un precedente que se empieza a extender por el resto de los centros penitenciarios de Chile”. En este sentido, apuntó a la responsabilidad que tiene tanto el Estado como los privados en evitar una propagación del COVID-19 en las cárceles y advirtió que en algunas cárceles concesionadas no hay implementos de seguridad, razón por la cual pedirá al MOP que se fiscalice el cumplimiento de contratos.
“Hemos coincidido con la fiscal en que esos contratos fueron redactados y acordados en una situación que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, así como le pedimos al Estado de Chile que haga un enorme esfuerzo por enfrentar la pandemia en los centros penitenciarios, también le pedimos lo mismo a las empresas privadas, que tienen que cumplir de mejor manera sus compromisos. Tenemos la información que en algunos casos ni siquiera los contratos se están cumpliendo plenamente. Eso lo pudimos constatar”, subrayó Micco.
El director del INDH también expresó la preocupación por el riesgo sanitario que afrontan los gendarmes y el personal civil de Gendarmería. Y afirmó que, entre otros aspectos, las mascarillas que muchos gendarmes e internos llevan, ya no sirven, pues su periodo de utilidad ya venció. Además, volvió a valorar el indulto general aprobado la semana anterior por el Congreso Nacional y sancionado favorablemente hace algunos días por el Tribunal Constitucional, pero enfatizó que estas medidas no garantizan mejoras en las condiciones de los centros penitenciarios.
Advirtió que las situaciones de hacinamiento de sobrepoblación se mantienen en las cárceles chilenas, ya que existe unas 120 mil personas de población penal flotante, es decir, que entran y salen de los penales. Son 20 mil gendarmes y funcionarios públicos, estamos hablando de tres, cuatro, cinco personas familiares; es decir, son 800 mil personas a lo menos que están comprometidos, ante una eventual cadena de propagación que podría suscitarse por la situación carcelaria.
Tras ser consultado respecto a las condiciones de los internos en el penal de Punta Peuco, el director del INDH recordó que el Instituto ha hecho observaciones en ese recinto, cuyas condiciones calificó como buenas. Sin embargo, puntualizó que el problema radica en las deficientes condiciones de los otros recintos penales del país. Respecto a la ley de indultos despachada por el Congreso Nacional y validada por el Tribunal Constitucional, Micco puntualizó que más allá del debate por indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad “hoy día la cuestión es que esas 1.300 personas que fueron beneficiadas o van a ser beneficiadas por la ley de indulto general, salgan lo más luego posible de los recintos penitenciarios”.
La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, destacó la labor realizada por Gendarmería en este período. Y advirtió que, si no hubiese sido por los gendarmes en esta crisis sanitaria, ya habría estallado una bomba de tiempo en los recintos penitenciarios. “Esta crisis no la podemos seguir conteniendo así. El hacinamiento es un tema de política pública de Estado y se tiene que atacar a través de los indultos, de las medidas cautelares de prisión preventiva, y a través de las libertades condicionales. Pero también hay que ver el futuro, pues la sanción penal y las medidas cautelares no es poner a todo el mundo dentro de una cárcel”, indicó la Fiscal. Detalló que en medio de la crisis del COVID-19, en muchas cárceles los internos no tienen ni siquiera acceso al agua potable e incluso en las celdas se les entrega un litro y medio por cada reo, lo que imposibilita que se evite el contagio del Coronavirus entre la población penal. Pidió que con urgencia se fijen lugares de aislamiento fuera de las cárceles para los contagiados con COVID-19. “Si se da un foco de infección dentro de las unidades penales, sería una situación incontrolable”, advirtió. En la actualidad existen 42.000 internos en cárceles, de los que aproximadamente 12 mil se encuentran en prisión preventiva.
El Informe del Poder Judicial pone foco en varios temas señalado por el INDH en su informe sobre la situación de las cárceles chilenas 2019, que estableció que los principales problemas en estos recintos son: el hacinamiento, la sobrepoblación, las malas condiciones sanitarias y de habitabilidad, y la falta de acceso a agua potable y saneamiento.

Vea texto íntegro del comunicado del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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