Opinión.
«Covid-19 y datos personales: la fuerte tensión entre el interés general y el derecho a la intimidad». Por Eduardo Álvarez R., Tomás Jordán D., Sebastián Pavlovic J. y Manuel Pérez S.
Si una determinada y específica acción sanitaria no se está pudiendo implementar por no contar con datos, y de ello se deriva un aumento de los riesgos mencionados, se presenta entonces una tensión entre el deber de cumplimiento de la ley de datos y el deber de las autoridades de proteger la salud de la población.

En fecha reciente algunos alcaldes y alcaldesas han pedido que el Ministerio de Salud permita a los municipios acceder a los datos sensibles de personas residentes en sus comunas a fin que sus gestiones sean más eficientes en las medidas de prevención y control de casos COVID-19.
Sobre la materia, la Contraloría General de la República (CGR) (Dictamen Nº 8.113-2020) señaló que no procede el acceso a datos por carecer de habilitación legal para ello. Solo pueden tener acceso a los datos de la ficha clínica su titular y aquellos expresamente contemplados en la ley de protección de datos personales, donde no se incluye a las Municipalidades.
El dictamen da pie para tematizar alcances de la legislación vigente atendida las tensiones públicas entre algunos alcaldes y las autoridades de gobierno en Salud. A esto se suman las dudas sobre el acceso y protección de datos, que generó el convenio entre el SENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia, o también los reportajes de prensa que han accedido a datos sin respetar los procedimientos legales.
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