Corte de Concepción rechazó amparo interpuesto por Defensoría Penal que reclamó que juicio oral se realizara de forma presencial y no en forma virtual como fue programado.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal, que se opuso a que un juicio oral programado por un Tribunal Oral en lo Penal respecto de un acusado por robo con violencia que arriesga una pena 10 años de cárcel en caso de ser declarado culpable, se realizara en la modalidad virtual. La Defensoría reclamó, por esa vía, que las audiencias fueran presenciales, de manera de resguardar el debido proceso.

En su sentencia la Corte señala que el recurrente plantea que la forma en que se ha instruido la realización del juicio, vulnera el derecho de defensa del acusado, por estar en contravención con lo dispuesto en artículo 285 del Código Procesal Penal, y los artículos 326 y 327 del mismo cuerpo legal, lo que afecta la adversarialidad del proceso, la inmediación y el control de los actos de la contraria. Sin embargo, la pretendida vulneración al derecho a la defensa no es tal desde que la realización del juicio por sistema de videconferencia con pleno uso de los medios tecnológicos con los que se cuenta -dada la necesidad impuesta por el estado de excepción impuesto por la emergencia sanitaria- no impide se cumpla con el contenido fundamental de tal derecho en la forma que se consignó. El acusado estará presente durante todo el desarrollo del juicio por teleconferencia, podrá escuchar y ver lo que acontece e interactuar en él ejercer su derecho a declarar y comunicarse con su abogado defensor en forma privada cada vez que lo requiera, conforme los resguardos que se han establecido para ello por el tribunal, así la falta de inmediación y de contradicción que echa en falta la recurrente, no es tal.

Añade el fallo que si bien la realización del juicio por medios tecnológicos dificulta la litigación de los intervinientes, no coarta la garantía de defensa del encartado en los términos referidos, pues no impide que el imputado sea oído e intervenga en el juicio debidamente asesorado, formulando las alegaciones que estime su defensa e incorporar sus medios de pruebas en conformidad a la ley.