Acción tiene por objeto cobro de remuneraciones y que se compense en dinero feriado proporcional por el tiempo laborado, por lo que plazo de prescripción es dos años. Además, la sola presentación de demanda interrumpe prescripción.

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la sentencia apelada que acogió la excepción de prescripción y en su lugar la rechazó, en un juicio de cobro de remuneraciones y de compensación en dinero del feriado proporcional por el tiempo trabajado.

Lo anterior dado que la acción ejercida tiene por objeto el cobro de remuneraciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y que se compense en dinero el feriado proporcional por el tiempo laborado, esto es, corresponden a prestaciones de orden laboral consagradas en el Código del Trabajo, por lo que la norma aplicable es la contemplada en el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, que establece un plazo de dos años para que se declare que la acción se extinguió por la prescripción, que se computa a partir de la data en que los referidos derechos se hicieron exigibles, es decir, desde la época en que debieron ser pagados. Así, no transcurrió el plazo de dos años que exige el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo para que opere la prescripción de la acción deducida, contado desde la fecha en que los derechos demandados se hicieron exigibles -días 30 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017- hasta la época de presentación de la demanda -10 de julio de 2019-, teniendo presente, además, que el término respectivo se suspendió entre los días 10 y 24 de agosto de 2018.

El fallo señala que el ejercicio de las acciones judiciales tiene un plazo de prescripción diferente según tengan por objeto obtener el reconocimiento de derechos que están reglados en el Código del Trabajo o que surgen de los actos y contratos referidos en el estatuto laboral, siendo, en el primer caso, de dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles y, en el segundo, de seis meses desde la terminación de los servicios. Dicha diferencia de plazos obedece a la distinción entre derechos mínimos consagrados por el código laboral, de aquellos que las partes libremente pueden convenir por sobre ellos, correspondiendo los primeros a las condiciones básicas que el legislador asegura como derechos mínimos garantizados en favor del trabajador, en tanto los segundos, que superan dicho mínimo, se sujetan al término de prescripción de seis meses.