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Segunda Sala.

Pretenden inaplicabilidad de norma que modifica Ley General de Urbanismo en materia de afectaciones de utilidad pública de planes reguladores, en juicio entre Inmobiliaria y SEREMI de Vivienda y Urbanismo.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Santiago.

17 de julio de 2020

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo transitorio de la Ley N° 20.791.
El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la municipalidad respectiva podrán dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que incluyan en una nómina aprobada por un decreto o resolución, según corresponda, en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley”.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Santiago, en los que la Inmobiliaria requirente presentó una solicitud de desafectación a utilidad pública a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que fue respondida negativamente por la misma.
La Inmobiliaria requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad y la no discriminación arbitraria, toda vez que la mantención de la declaratoria no es razonable, en tanto ya se ha satisfecho la necesidad pública que la justificaba, sin necesidad de expropiar los predios afectos. Asimismo, considera vulnerando el debido proceso, puesto que de aplicarse el precepto impugnado en el modo que pretende la SEREMI, la requirente quedará privada de la posibilidad de obtener la desafectación del predio por otra vía que no sea el procedimiento de modificación del PRMS, lo que a su turno la deja en indefensión por un tiempo excesivo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Finalmente, considera vulnerado el derecho de propiedad, pues la mantención de la declaratoria de utilidad pública fuera de la finalidad para la que se había afectado el predio, la constituye en una limitación al derecho de propiedad no amparada por la Constitución; de modo que la imposibilidad de desafectarlo oportunamente (no en varios años más) produce la vulneración el derecho de su propietario.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 8945-20.     

 

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