Democracia constitucional eludida por el parlamento, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

El estudio señala que la instauración de un sistema previsional de reparto, el impuesto a los “súper ricos” y la autorización de retiro de fondos previsionales, entre otras, son todas iniciativas presentadas formalmente como reformas constitucionales sólo con el afán de sortear la norma sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República, dique fundamental contra potenciales populismos parlamentarios y fruto de una dilatada tradición constitucional.

En sí mismas, cada iniciativa es una transgresión elusiva que persigue defraudar lo establecido en la Constitución. Consideradas en su conjunto, conforman una ofensiva para redibujar el esquema de poder en Chile, al margen de la legalidad imperante. Este actuar de la legislatura es tan evidente y desvergonzado que varios parlamentarios hablan de un parlamentarismo de facto. Lo que no parece entender el Congreso es que no es sólo esta Constitución en particular la que están sepultando, sino la institucionalidad toda. En efecto, las normas no son opresión institucionalizada, como si de su eliminación se siguiera una utópica emancipación, sino la condición que posibilita un coexistir pacífico, colaborativo, deliberativo y plural.

Las vulneraciones de las normas fundamentales imperantes, particularmente las que aseguran la limitación de los poderes públicos, precarizan el Estado de Derecho, de lo que se sigue el declive de la deliberación democrática y la salud de la comunidad política. Esto genera además una profunda deslegitimación de la praxis política, de las normas y de la institucionalidad en general. Tales efectos pervivirán en el tiempo, con independencia de que se dicte o no una nueva Constitución.