Si bien personas contratadas a honorarios en municipalidad están sujetas a un régimen especial, igualmente desempeñan una función pública y se les aplica Estatuto Administrativo en lo relativo a normas generales, especiales sobre probidad administrativa.

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección deducido por el profesional en contra la institución que dispuso el término de sus servicios por infracción a la probidad administrativa.

Para ello el máximo Tribunal tiene presente que el sumario administrativo llevado a cabo en contra del recurrente (por no haber examinado exhaustivamente los antecedentes ni realizado exámenes mínimos requeridos para el motivo de ingreso de la paciente, que presentaba dolor al pecho no traumático, sin indagarse respecto de las características del dolor, esencial para un diagnóstico certero, ni indicado un electrocardiograma, recurso disponible en el servicio, respecto de la persona que falleció posteriormente en su domicilio) ha sido tramitado en plena observancia de las normas legales, específicamente conforme a los requerimientos de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, con pleno respeto de la garantía del debido proceso, en un procedimiento racional y justo, sustanciado por autoridad competente que en el ejercicio de sus facultades legales dispuso la terminación de la relación laboral para un caso en que se configuró la causal de infracción grave al principio de probidad administrativa que justifica dicha medida. Por tales razonamientos, concluye la Corte, aparece que el recurrido se ha ajustado en su actuar al orden legal, de modo que no se ha podido acreditar en su obrar la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección.

El fallo señala que si bien las personas contratadas a honorarios como acontece con el recurrente, están sujetas a un régimen especial, igualmente desempeñan una función pública y, en consecuencia, le es aplicable el Estatuto del Derecho Administrativo, y en lo que interesa al recurso las normas generales y especiales sobre probidad administrativa, entre las cuales están las causales de cesación de funciones.