El cuestionamiento de un grupo de senadores al nombramiento del juez Raúl Mera como ministro de la Corte Suprema, aduciendo para ello fallos que no son de su agrado, puede sentar un muy mal precedente para el respeto a la independencia judicial.
La independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho, pues asegura que quienes deben resguardar la ley frente al ejercicio del poder -los jueces- sean independientes de la autoridad política. La ley es la principal garantía que tienen los ciudadanos frente a los excesos de la política y es tarea de los jueces aplicarla de manera imparcial, y apegada a su espíritu y texto. Todo lo anterior se debilita si el Senado supedita el avance de la carrera judicial a la aquiescencia a determinados credos políticos, revisando decisiones jurisdiccionales conforme a criterios completamente ajenos a la lógica jurídica.
Los senadores deben revisar las cualificaciones personales, profesionales y académicas de los postulantes a la Corte Suprema, e incluso pueden procurar la conservación de ciertos equilibrios políticos dentro del tribunal, pero ello no se traduce en una tutela sobre el contenido de los fallos.
Se requiere que el Senado actúe con una mirada de Estado, resguardando y no poniendo en peligro la independencia judicial.
Es obvio que el rechazo del ministro Raúl Mera para ocupar un cargo en la Corte Suprema por razones de esta índole no tendría la capacidad, por sí mismo, de poner fin al Estado de Derecho y la separación de poderes. Pero sí contribuye a la erosión grave y continua de las instituciones de la república que hoy contemplamos en la esfera pública. Éstas se sostienen no sólo en el cumplimiento formal de la ley, sino en el compromiso compartido con ciertos valores cívicos, dentro de los cuales la independencia judicial ocupa un lugar central, concluye el estudio en sus reflexiones finales.

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