Ratificación del nombramiento de ministros de la Corte Suprema en el Senado, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

El cuestionamiento de un grupo de senadores al nombramiento del juez Raúl Mera como ministro de la Corte Suprema, aduciendo para ello fallos que no son de su agrado, puede sentar un muy mal precedente para el respeto a la independencia judicial.

La independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho, pues asegura que quienes deben resguardar la ley frente al ejercicio del poder -los jueces- sean independientes de la autoridad política. La ley es la principal garantía que tienen los ciudadanos frente a los excesos de la política y es tarea de los jueces aplicarla de manera imparcial, y apegada a su espíritu y texto. Todo lo anterior se debilita si el Senado supedita el avance de la carrera judicial a la aquiescencia a determinados credos políticos, revisando decisiones jurisdiccionales conforme a criterios completamente ajenos a la lógica jurídica.

Los senadores deben revisar las cualificaciones personales, profesionales y académicas de los postulantes a la Corte Suprema, e incluso pueden procurar la conservación de ciertos equilibrios políticos dentro del tribunal, pero ello no se traduce en una tutela sobre el contenido de los fallos.