CS mantiene fallo que condenó a Hospital de Antofagasta por falta de servicio en atención de urgencia.

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia que condenó al Hospital Regional de Antofagasta a pagar una indemnización total de $45.000.000 a la cónyuge e hijo de un paciente que falleció por la tardanza en la atención de urgencia brindada.

La sentencia indica que esta Corte ha dictaminado también en ocasiones pretéritas, como en el Rol N°355-2010, que la interpretación del concepto ‘falta de servicio’ establecido en la Ley N°19.966, no es ajeno al mismo concepto contenido en la Ley N°18.575. En efecto, hasta antes de la dictación de la Ley Nº18.575, la responsabilidad del Estado se determinaba a través de la aplicación del artículo 2320 del Código Civil; sin embargo, la situación varió con la promulgación de la Ley de Bases de la Administración del Estado el 5 de diciembre de 1986, que incorporó al Derecho Público chileno el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado elaborado por el derecho administrativo francés, principalmente a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en opinión de la mayoría de los autores constituye la mejor solución lograda por el derecho para asegurar un debido equilibrio entre los derechos de los particulares y los intereses públicos.

La ley contempló entonces –prosigue– el artículo 44 -hoy 42- que prescribió que ‘Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal’, lo cual es plenamente compatible con lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República, el cual señala que: ‘Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño’.