CS acoge recursos de protección y ordena a Carabineros y PDI actuar coordinados con el objetivo de brindar un resguardo efectivo del orden público en la ciudad de Concepción durante manifestaciones sociales.

Con un voto en contra, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Concepción y acogió un recurso de protección interpuesto por particulares en contra del Presidente de la República, el Jefe de la Octava Zona de Carabineros, el Prefecto de la Policía de Investigaciones Zona Concepción y de la Fiscal Regional del Bío Bío, por las constantes alteraciones al orden público que deben soportan.

Los recurrentes exponen que deben lidiar con un ambiente caótico producto del denominado “estallido social”, al estar constantemente amenazada su seguridad y encontrarse bajo la inminente exposición a balines de goma y bombas lacrimógenas, todo lo cual les afecta como trabajadores y comerciantes en sus derechos consagrados en los numerales 1°, 7°, 8° y 24 del artículo 19 de la Constitución, esto es, el derecho el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad.

La Corte de Concepción deja establecido que lo que se reprocha a los recurridos consiste en no haber adoptado las medidas necesarias para cumplir con el deber de velar por el orden público a lo que están obligados, concretamente por la falta de planes para evitar los actos lesivos de los derechos de los actores que los deja en el más absoluto desamparo y desazón, y respecto de las policías porque su intervención ha sido ineficaz, inoportuna y descoordinada, utilizando protocolos inadecuados frente a la contingencia y hechos delictuales que vive la ciudad, todo lo cual les impide a los recurrentes ejercer legítimamente sus derechos constitucionales.