Proyecto de ley establece la exigencia de decir verdad ante comisiones especiales investigadoras o comisiones de acusación constitucional de la Cámara de Diputados.

La Moción, patrocinada por las Diputadas Olivera, Santibáñez, Sepúlveda, en conjunto con los Diputados Auth, Fuenzalida, Jiménez, Longton, Mellado y Verdessi, propone modificar la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para consagrar la obligación legal de ejecutar de manera veraz toda comparecencia obligatoria o voluntaria, ante una Comisión Especial Investigadora o ante una Comisión que informa sobre la procedencia de una Acusación Constitucional de la Cámara de Diputados, sancionando penalmente la falsedad u obstrucción cometida en dichas comparecencias.

El proyecto señala que la Cámara de Diputados, tiene la atribución de crear Comisiones Especiales Investigadoras para reunir información relativa a actos del Gobierno, la que emana de la potestad de fiscalización; así como la de declarar si ha lugar a las acusaciones constitucionales contra las distintas autoridades públicas que así pueden ser requeridas, atribución que emana del principio de pesos y contrapesos. Actualmente la normativa no establece la obligación de concurrir a las referidas Comisiones o de ser veraz en la declaración que se realice. Los Diputados consideran relevante para la efectiva ejecución de las potestades de la Cámara, que la entrega de información, de antecedentes y de testimonios sean hechas de buena fe y sin mendacidad. Ya que son expresiones de justicia institucional que también ameritan una legitimidad construida en base a la autenticidad de los elementos que forman su decisión colectiva.

Con el objeto de tutelar la autenticidad o veracidad de las actuaciones que los citados o invitados ante una comisión, se propone crear un deber legal general de autenticidad ante ambas instancias, cuyo incumplimiento mediante falsedades u obstrucción sea sancionado con pena de naturaleza penal de una entidad equivalente a la de presidio menor en su grado medio, estableciendo un sistema de determinación de la pena que obligue al juez a aplicar el máximo de esta en aquellos casos en que la actuación mendaz y de mala fe del compareciente haya sido determinante para la función que debía cumplir la instancia del Poder Legislativo.