CGR determinó que SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo debe dar cabal cumplimiento a dictamen que le ordenó adoptar medidas necesarias para adecuar instrumento de planificación territorial.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, una particular que solicitaba un pronunciamiento que incidía en determinar la juridicidad del oficio N° 4.382, de 2017, y de la resolución exenta N° 134, de 2018, ambos de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (SEREMI), a través de los cuales consignó que el proyecto de subdivisión del predio rural que indicaba el interesado, emplazado en la comuna de Pirque, no cumplía con la norma urbanística de superficie de subdivisión predial mínima definida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), sancionado por la resolución N° 20, de 1994, del pertinente Gobierno Regional.

Al respecto, el ente contralor adujo que, en lo que interesa, se determinó que la preceptiva sobre superficie de subdivisión predial mínima del área P.E.D.C.1, establecida en el artículo 8.3.1.2. del PRMS no se ajustaba a derecho, pues considera una aplicación diferenciada en atención al uso de suelo, aspecto que ha sido reparado en la jurisprudencia esta Sede de Control, entre otros, en los dictámenes N°s 38.145, de 2011, 76.619, de 2013, 43.602, de 2015, 10.365, de 2017 y 499, de 2018.

Enseguida, el órgano fiscalizador arguyó que, por lo anterior, y también en lo que atañe, se instruyó a esa secretaría adoptar las medidas necesarias a fin de adecuar el instrumento de planificación territorial en comento, de manera tal que la normativa atingente a los procesos de división del suelo sea fijada en relación con la zona o área de que se trate y no en función del uso de suelo, dando cuenta de ello del modo que ahí se detalló.