Proyecto de reforma constitucional consagra el derecho a la seguridad social.

El proyecto señala en sus fundamentos que la Constitución no garantiza el derecho sustantivo, estableciendo un mero rol de supervigilancia del Estado, basado en el principio de subsidiariedad, por lo que considera que el deber constitucional del Estado no es asegurar derechos sociales, sino asegurar las condiciones del mercado. Agrega que sistema de capitalización individual es la negación de la seguridad social, ya que este implica que cada trabajador debe hacer frente individualmente, mediante su propio ahorro, a las contingencias de la vida; lo que en variadas ocasiones no depende de la persona, si no que del panorama social, económico e incluso sanitario a nivel global o de país.

A fin de cumplir con el objetivo, la iniciativa propone crear un nuevo sistema de pensiones que ha de sustentarse en los principios reconocidos e internacionalmente aceptados, como la universalidad y la suficiencia, comprometiendo una pensión universal a todos que garantice su bienestar y cubra sus necesidades básicas. Además, debe incluir la sustentabilidad, proyectándose en el futuro, siendo tanto social como financieramente viable, y la solidaridad, para repartir los riesgos para que las consecuencias no se concentren sólo en un grupo y, finalmente, agregar un enfoque de género, participación social y eficiencia.

En concreto, la iniciativa propone sustituir el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, por el siguiente: