La Moción, patrocinada por las Diputadas Cid y Ossandón, en conjunto a los Diputados Schalper, Bellolio, Juan Luis y José Miguel Castro, Celis, Desbordes, Jürgensen y Macaya propone modificar el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria. El proyecto se ingresó en julio con el fin de combatir de mejor manera contra el coronavirus y colaborar con la creación de una vacuna.
El texto introduce una regla especial, respecto de la prescripción de la acción tendiente a perseguir la responsabilidad de las entidades autorizadas para la realización de investigaciones y pruebas en personas de medicamentos, por los daños que se causen con ocasión de los estudios y pruebas, manteniéndose el plazo de 10 años, el que no se contará desde la manifestación del daño como es la regla general, sino desde el término del respectivo ensayo cuando, habiéndose decretada una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, se trate de investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos destinados a enfrentar las circunstancias que sirvieron de fundamento a dicha medida sanitaria.
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Además, dispone que mientras se encuentre vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del nuevo coronavirus y hasta que exista una vacuna que haya superado las fases preclínicas y clínicas y esté en condiciones de ser distribuida en el sistema de salud, las compañías de seguros que otorguen seguros y coberturas a laboratorios y entidades privadas para la realización de ensayos clínicos estarán obligadas a otorgar dichos seguros y coberturas a las universidades, a las personas jurídicas de derecho público y a las entidades privadas en asociación con las anteriores, respecto de los ensayos clínicos para el estudio de vacunas y medicamentos para el tratamiento del referido coronavirus. Tales seguros y coberturas deberán otorgarse en iguales o mejores condiciones que las conferidas a laboratorios o entidades privadas.
El proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional, enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Vea texto íntegro del Boletín Nº13642-11.